El presidente Gustavo Petro acudirá el próximo viernes a la Corte Constitucional para explicar las razones de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
El presidente de la República, Gustavo Petro, asistirá el viernes 11 de agosto a la Corte Constitucional para defender la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
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La audiencia será presidida por la magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo, y se realizará en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.
El mandatario deberá demostrar ante la alta corte la grave situación que enfrentan los habitantes de La Guajira por la falta de acceso a servicios básicos vitales, como el agua potable, la alimentación y la salud.
Según el Gobierno Nacional, la declaratoria de emergencia se hizo necesaria por la escasez de agua potable para el consumo humano, la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático y los problemas energéticos por falta de infraestructura.
La audiencia contará con la participación de representantes de entidades públicas, miembros de la sociedad civil y expertos en materia de cambio climático.
La Corte Constitucional deberá evaluar si se cumplen los requisitos constitucionales y legales para declarar el estado de emergencia y si las medidas adoptadas son proporcionales y necesarias para atender la situación.
La declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira se hizo mediante el Decreto 1234 del 29 de junio de 2023, que estableció una serie de acciones para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del departamento, especialmente de los pueblos indígenas wayúu.
Entre las medidas se encuentran el transporte gratuito de agua potable a todas las comunidades, el suministro de alimentos fortificados, la atención médica integral y el fortalecimiento del sistema eléctrico.
La decisión del presidente Petro ha generado reacciones encontradas entre los sectores políticos y sociales del país. Algunos respaldan la medida como una forma de atender una crisis humanitaria histórica que ha causado la muerte de varios niños por desnutrición.
Otros cuestionan la legalidad y la oportunidad de la medida, al considerar que se trata de una estrategia política para favorecer su imagen y su partido.
