En Barranquilla y en el país, en muchas ocasiones, la Policía Nacional hace creer que hay un resultado positivo, cuando en realidad no es así.
El hurto, el homicidio o el abuso sexual son tres de los delitos considerados por las autoridades como de alto impacto. Es allí donde las mismas instituciones de seguridad tratan de enfocarse para no perder la batalla.
Sin embargo, han sido reiterativas las capturas que resultan siendo falsos positivos por el simple hecho de mostrar ante la opinión pública una reacción tras un hecho delictivo.
Es un secreto a voces que dentro de las filas de la Policía hay oficiales que exigen a sus subalternos resultados, por lo que estos con tal de quitarse el estrés y la presión terminan capturando a cualquier ciudadano para presentarlo como posible autor del delito.
No obstante, una vez en la URI queda en libertad al no existir el material probatorio suficiente para llevarlo ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares.
Tal fue el caso más reciente de José Luis Polo Vizcaíno, el joven estudiante de negocios internacionales señalado por la Policía como uno de los presuntos responsables del crimen de Sebastián De la Hoz Pontón, asesinado a puñal en medio de un atraco el pasado sábado en el barrio El Prado de Barranquilla.
Polo Vizcaíno quedó en libertad luego de que se demostrara que no tenía vínculo y que tampoco fue la persona que atacó con arma blanca a Sebastián.
El joven fue capturado por estar cerca del lugar de los hechos y por tener una vestimenta muy parecida al que realmente atacó a la víctima, de 19 años. Incluso, ya la Fiscalía tiene indicio de quiénes en realidad fueron los responsables de este crimen.
Otro caso sonado de falso positivo
David Ibarra Gutiérrez y Emil Bastidas Moreno, capturados el pasado 11 de diciembre como presunto responsables del homicidio de Marlon Antonio Finamorez Polo a las 8:30 de la noche en la calle 30 con carrera 44, barrio Costa Hermosa de Soledad, fueron dejados en libertad el pasado 21 de mayo por parte del Juez Segundo Penal Municipal de Soledad, quien acogió los argumentos de la defensa, que logró desvirtuar la inferencia razonable de autoría con la que habían sido asegurados en diciembre en la Estación de Policía del Hipódromo.
El abogado demostró que los jóvenes se encontraban jugando fútbol en una cancha sintética y una vez salieron del lugar se dirigían en una moto hacia sus casas.
“El juez consideró que no se dio el hecho teniendo en cuenta que para que se cometiera el delito tendrían estos jóvenes tener el don de la ubicuidad, que es totalmente imposible, ya que ellos estaban en un lugar a las 8:29 de la noche y aproximadamente a las 8:30 sucedieron los hechos”, dijo en su momento Alberto Medina, abogado defensor.
Durante la audiencia de revocatoria de medida, el abogado mostró un video donde se ve a los dos jóvenes ir en una moto tras salir de la cancha sintética donde estuvieron jugando fútbol y detrás de ellos va una patrulla de la Policía, pero no iban en persecución, pero posteriormente en el informe policial apareció que habían sido detenidos cuadras más adelante tras una persecución.
El abogado de los dos jóvenes precisó que ahora lo que viene es un proceso donde se busca la preclusión de la investigación y que buscará que David y Emil sean indemnizados por el Estado por los cinco meses que permanecieron privados de la libertad, según el abogado, de manera injusta.
Estadísticas que “no se pueden dañar”
Las estadísticas que maneja internamente la Policía deben ser positivas. Tener un hecho ‘negativo’ para los subalternos se traduce en un fuerte llamado de atención por parte de sus superiores.
De allí se desprenden muchos factores que llevan a que los uniformados realicen conductas no acorde con los verdaderos lineamientos de la institución armada.
La situación ocurre a nivel nacional y esas estadísticas terminan ‘maquilladas’ para mantener las cifras positivas.
Un caso como este lo dio a conocer la misma Fiscalía el pasado 24 de julio cuando el teniente de la Policía, Yeison Leandro Mejía Vásquez, fue asegurado junto a una persona, identificada como Juan Víctor Salinas, por el crimen de un adolescente de 17 años, perteneciente al Resguardo Indígena Totumal de Belalcázar, en el departamento de Caldas.
De acuerdo con los argumentos presentados por el ente acusador, el pasado 22 de mayo a las 6:00 a.m. Salinas supuestamente le disparó al adolescente y le causó la muerte, luego de que este, al parecer, ingresó sin autorización a la finca donde trabajaba el procesado.
Los testimonios recolectados indican que alias el ‘Mono‘ habría llamado al uniformado a contarle lo sucedido, pero él aparentemente le dijo que ocultara el cuerpo, porque su estadística en el municipio no registraba homicidios y no podía dañarla.
Salinas habría ocultado el cuerpo, envuelto en costales y lanzado al río Cauca, mientras que las autoridades, su familia, y la comunidad indígena lo buscaban.
Salinas fue procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio a título. Mientras que al uniformado la Fiscalía le endilgó los delitos de favorecimiento a título de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio a título de determinador, y abuso de autoridad por omisión de denuncia.
La defensa de Mejía Vásquez apeló la decisión del juez de cobijarlo con medida de aseguramiento intramural.
La captura que terminó siendo una entrega
Otra hecho sonado que tuvo resonancia nacional a principio de julio de este año fue la polémica que se armó cuando la Policía, Fiscalía y autoridades locales de Medellín informaron que habían capturado en tiempo ‘record’ a Ismael Dario Loper, alias ‘Manolo’, denunciado por el presunto abuso de 15 menores en un jardín infantil donde él laboraba.
Resulta que no hubo captura, sino que el mismo ‘Manolo’ llegó con su abogado a la estación de Policía de la población de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia y se entregó.
La polémica se desató cuando salió a la luz publica un video que el mismo abogado grabó.
El hecho le costó el cargo al jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en el Valle de Aburrá, teniente coronel Jair Morales; y al comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Pablo Ferney Ruiz Garzón, quien fue retirado de su cargo bajo la figura de ‘vacaciones’.
La ciudadanía solo espera que las autoridades trabajen con transparencia y honestidad, que no se justifique en cualquier situación irregular para mantener las estadísticas positivas y se lleven por delante a personas que nada tienen que ver con los hechos delictivos.
Fuente informativa:
zonacero.com
