El cierre se realiza desde el pasado 1 de enero, en zona rural de Maicao, en cercanías al proyecto.
Miembros de la comunidad indígena Wayú de Ulapa completan 18 días de protesta, afectando operaciones de la empresa Enel Green Power, que desarrolla el parque eólico Windpeshi, que tendrá una capacidad instalada de 200MW.
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La comunidad cerró el acceso a su territorio ancestral, el cual se encuentra ubicado en zona rural del corregimiento de Wimpeshi, en jurisdicción del municipio de Maicao, amparados en sus sistemas normativos para exigir ser consultados.
El cierre se desarrolla en cercanía a las oficinas administrativas, paralizando las actividades, lo que genera afectaciones económicas y de tiempo en la ejecución del parque.
Argumentan que hubo mal procedimiento en el cumplimiento del derecho fundamental a la consulta previa, cuya protocolización se realizó en 2018, toda vez que solo la realizaron con un sector de la comunidad la Romana y dejaron por fuera a la otra parte del territorio.
“Ulapa y Romana literalmente son un solo territorio, una sola familia, pero la empresa Enel solo se limitó a consultar con un sector minoritario que, sí aceptaba el proyecto”, señaló José Silva, representante de la ONG de derechos humanos Nación Wayú que acompaña a las comunidades en la reivindicación de sus derechos.
Advirtiendo que, con esta decisión entraron a dividir a la comunidad, en donde se han generado disputas verbales, que podrían desencadenarse en enfrentamientos y derramamiento de sangre.
Para los miembros de la comunidad, existen graves violaciones a sus derechos fundamentales a la vida, al territorio, al medio ambiente y al consentimiento previo libre e informado.
“Derechos estos que fueron violados por el ingreso arbitrario de la empresa Enel Green Power, quienes habrían entrado de manera inconsulta y arbitraria a estos espacios territoriales indígenas wayú”, indicó Silva.
Vulnerando los principios rectores que rigen los procesos de consulta previa, los cuales se deben realizar de buena fe, de forma transparente y con información clara.
El pasado 16 de enero tuvieron un acercamiento con voceros de la empresa quienes “muy molestos manifestaban que ya la consulta la habían realizado. Pero, finalmente se acordó que se debía solicitar ante el ministerio del Interior el seguimiento y revisión de los acuerdos”, indicó Rojas.
Por lo que la comunidad solicita a la dirección de consulta previa del ministerio del Interior la revisión y seguimiento de los acuerdos, cuyo procedimiento deberá estar acompañado de los entes de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, entre otras.
Esta nota la puede encontrar en eltiempo.com / Eliana Mejía Ospino
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