Pulso de poderes entre accionantes y voceros de las comunidades indígenas.
Dos días duró el paro realizado por las autoridades indígenas de La Guajira en defensa de los niños wayús, para exigir al Gobierno Nacional más acciones y menos anuncios y para ya las muertes por desnutrición.
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La decisión de irse a las vías de hecho, fue tomada luego de conocerse la cifra oficial por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), de que 85 niños fallecieron en 2022 por desnutrición, la más alta en 12 años.
Los indígenas habían anunciado que solo levantarían los bloqueos instalados en 11 puntos a nivel departamental, con la presencia del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, lograron un acuerdo con: la viceministra de Diálogo Social y el director de Asuntos Indígenas, minorías y rom, por el ministerio del Interior; un asesor de la Consejería Presidencial y el gerente para La Guajira, cuya figura ha sido ideada para atender la crisis humanitaria del departamento y que aún sigue sin una designación oficial.
Logrando concertar un acuerdo de 13 puntos, 11 de ellos, eran las peticiones presentadas por las autoridades indígenas al Gobierno Nacional.
Exigen el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH que protegió al pueblo wayú que habita en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, a través de tres resoluciones.
Para luego seguir con el cumplimiento de ocho sentencias judiciales, entre las que se encuentra la T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira y el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, las cuales debieron haberse implementado para salvaguardar la vida del pueblo wayú.
“No vinimos a un pulso a ver si se destapa o no la vía, si no a honrar el esfuerzo que ellos hicieron por levantar una voz y decir necesitamos ser escuchados para estas cosas de fondo y queríamos fuera una cosa digna para ellos, en el sentido que ese pliego se ajusta a lo que es la historia”, indicó la viceministra Lilia Solano.
Reconoció también, la muerte de 5 mil niños y niñas en el departamento “es una herida abierta, que tiene cerrarse y nunca más en la historia por desnutrición y por hambre puede morir un niño en La Guajira”.
Solano explicó además que, se recuperará la ruta metodológica del diálogo genuino para la construcción del plan de acción que ordena la sentencia T-302.
Otra de las peticiones es la designación de un equipo técnico permanente conformado por profesionales de diferentes áreas para el acompañamiento en la construcción de los programas, políticas públicas y planes de acción de las sentencias y medidas cautelares.
Mientras que los dos puntos que se incluyeron fueron: la activación del diálogo genuino con el Gobierno y la Consultiva Afrodescendiente de La Guajira, la cual quedó sujeta a una consulta interna del grupo étnico.
Y, la creación de un espacio de diálogo genuino entre el Gobierno nacional y las autoridades wayú de cinco resguardos, seis asentamientos y seis comunidades que habitan en los municipios de Distracción, Barrancas y Hatonuevo.
Los wayús están divididos
Desde que la Corte Constitucional asumió la competencia de la sentencia T-302,
las instituciones comenzaron a dar muestras de querer alinearse, a lo que se suma la disposición que ha tenido el actual Gobierno, sin embargo se duplicaron las muertes.
Y, justo cuándo se está más cerca de que se comiencen a cimentar las acciones para dar respuesta a la crisis humanitaria, se hace notoria la división del pueblo wayú.
La Corte permitió y avaló la llegada de nuevos voceros por parte de las comunidades indígenas, generando de forma indirecta cierta división, ya que para algunos indígenas unos buscan solución y otros buscan contratos y beneficios personales, por así decirlo.
En octubre de 2022, los peticionarios de las medidas cautelares y accionantes de siete de estas sentencias judiciales representados por la Asociación Shipia Wayú, denunciaron actuaciones de quienes buscan frenar el avance del dialogo genuino con las autoridades wayú y el Gobierno nacional”.
“La mayoría de quienes proclaman actos de legitimación para representar a las comunidades wayu son dueños de EPS, IPSI, contratistas del ICBF, educación, PAE y pilas públicas y amigos íntimos de los depredadores de los recursos públicos”, indicaron los miembros de Shipia wayú en esa oportunidad.
Así mismo, advirtieron que “como verdadero depredadores, quieren hoy asumir liderazgo frente a la Sentencia T-302 de 2017 porque el Gobierno está próximo a dar respuestas al estado de cosas inconstitucionales y motivados por el anuncio del presidente en su última visita a La Guajira”.
Las diferencias se han ido zanjando y en el paro se notó la división, hubo voces de respaldo y en contra. Lo cierto, es que las autoridades indígenas marcaron el territorio y lo más llamativo es que en su mayoría reconocen haber votado por Petro.
Congresistas ausentes
Lo más insólito aún de toda esta situación, fue la mirada indiferente de los Congresistas guajiros a la protesta social que realizaban las comunidades indígenas para exigir los derechos de los niños wayú y frenar las muertes por desnutrición. En campaña muchos abanderaron esta causa.
Guardaron silencio la senadora Martha Peralta, quien es presidenta del MAIS, y la Congresista por circunscripción internacional Carmen Ramírez Boscán, quien una vez elegida regresó a La Guajira después de más de 10 años y hasta el mes de diciembre estuvo liderando varios procesos entre ellos la reforma de código minero. Ambas son del Pacto Histórico e indígenas wayú.
Tampoco se pronunciaron ni a favor ni en contra, el senador Alfredo Deluque y los congresistas por La Guajira Juan Loreto Gómez y Jorge Cerchar.
A excepción de Deluque que llegó un poco tarde, los otros dos congresistas tampoco participaron de la reunión en presidencia la semana anterior para la socialización del Plan Especial La Guajira.
Esta nota la puede encontrar en eltiempo.com / Eliana Mejía Ospino
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