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martes, 16 abril, 2024

    Decreto para enfrentar la crisis en La Guajira

    Gustavo Petro en su viaje en La Guajira.
    Foto :
    estasucediendo.com

    Voces a favor y en contra del Decreto 1085 de 2023 en La Guajira

    Diversos sectores han expresado sus opiniones sobre el Decreto 1085 de 2023, firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial, que declara el estado de emergencia en el departamento de La Guajira. El objetivo es priorizar 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria, el estado de cosas inconstitucional y los fenómenos climáticos de alto impacto en la región.

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    José Silva, representante legal de la ONG de Derechos Humanos Nación Wayú, aplaudió la decisión, destacando que beneficiará a un pueblo estigmatizado y abandonado por su dirigencia política. Sin embargo, espera que estas promesas se conviertan en acciones concretas para mejorar la situación en La Guajira.

    Por otro lado, el líder Manuel Sierra reconoce la importancia de los sectores prioritarios, pero señala la necesidad de contar con recursos suficientes para abordar los problemas. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, espera que la declaratoria se traduzca en soluciones reales y eficaces para la comunidad.

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    Rosa María Brito, lideresa afro, destaca la importancia de una adecuada vigilancia y manejo de los recursos destinados a resolver las problemáticas en La Guajira. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, considera innecesaria la emergencia económica y sugiere que el Gobierno cuenta con recursos para abordar los problemas sin recurrir a esta medida.

    El constitucionalista Alfredo Pertúz aclara que el Decreto 1085 de 2023 es solo el declaratorio del estado de excepción, y en los próximos días se conocerán los demás decretos que lo desarrollen. Además, señala que estos decretos legislativos estarán sujetos a control automático por parte de la Corte Constitucional.

    Finalmente, se destaca que la declaración del estado de emergencia tiene una duración inicial de 30 días, con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días. Esto implica que las medidas adoptadas bajo el estado de excepción estarán limitadas en el tiempo.

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