Procuraduría exige explicaciones a INVIAS y ANI sobre planes de contingencia.
La reciente decisión del Gobierno Nacional de no incrementar las tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha generado preocupación en la Procuraduría, ante la inminente posibilidad de una avalancha de demandas que podrían poner en riesgo numerosos proyectos de infraestructura vial en el país.
Lea también: Nacional se impone 1-0 a Águilas Doradas y lidera su cuadrangular
La Procuraduría advierte que el Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, que establece la no subida de precios en 30 estaciones de Invías y 113 de la ANI, representa un riesgo para la gestión pública y las finanzas de los colombianos.
El Ministerio Público respalda los análisis financieros realizados por Fedesarrollo, los cuales indican que la falta de ajuste tarifario, que este año sería del 13 por ciento, ocasionará un detrimento de un billón de pesos para los concesionarios en 2023 y un déficit fiscal que podría implicar una obligación adicional para el Estado y los colombianos de cubrir cerca de $13,8 billones al año 2040.
Ante la incertidumbre generada, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública ha requerido a Invías y a la ANI que expliquen los planes de contingencia implementados para garantizar el equilibrio económico de los contratos.
Además, se ha solicitado información a la ANI sobre las gestiones realizadas para asegurar los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, ya que su falta podría afectar la liquidez de la agencia.
En un esfuerzo preventivo, el Ministerio Público busca salvaguardar el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar las cuantiosas demandas que recaerían sobre los contribuyentes.
 y (ANI)){kind=link}