El mandatario es investigado por irregularidades en la contratación del PAE de 2015.
Ludys Ovalle Jácome
Especial para El Tiempo
Valledupar
Los cesarenses están expectantes frente a la medida de aseguramiento impuesta esta semana por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por las presuntas irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.
La medida contempla detención domiciliaria por solicitud de la Fiscalía, a fin de evitar un posible obstáculo a la investigación que cursa como presunto responsable de un contrato sin cumplimiento previo de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
En este momento la medida no ha sido efectiva, la audiencia fue suspendida hasta el próximo lunes.
“Hasta que no quede en firme la solicitud de imposición de medida o este despacho acceda o modifique por las demás medidas de aseguramiento descritas, el señor gobernador, seguirá disfrutando de su libertad e investidura”, explicó Geiver Yesid Silva Durán, abogado penalista.
El contrato
El contrato del programa PAE, fue suscrito en 2015 por un valor de 17.145 millones de pesos, cuando el mandatario se desempeñó por primera vez como gobernador, en el que, según el órgano de control, hubo sobrecosto.
Las irregularidades en torno a este tipo de contratación por parte de algunos funcionarios y contratistas, no han parado de sonar en este departamento.
El caso más sonado, fue en 2016, cuando la profesora Claribel Rodríguez, denunció inconsistencia en las raciones de alimentos que les entregaban a los estudiantes en la Institución Educativa Distrital Sagrado Corazón de Jesús, en Aguachica (sur del Cesar).
La docente comentó, que no se cumplían con los componentes nutricionales diarios que requería cada menor beneficiado.
“Les daban un pedacito de bollo limpio con una coronilla de mantequilla, sin refresco alguno. En otras ocasiones, les proporcionaban, una porción de patilla”, dijo la profesora.
Tras las presuntas irregularidades en la firma y ejecución de convenio de cooperación para el suministro del programa PAE en esta localidad, la procuraduría provincial de Ocaña formuló cargos contra el alcalde de Aguachica Henry Alí Monte junto al secretario de educación de este municipio, Rodolfo Rincón.
A raíz de esto, el alcalde fue recluido en un centro penitenciario de Bucaramanga, posteriormente la juez cuarta municipal de Barrancabermeja, revocó la media y el burgomaestre fue liberado.
En noviembre de 2017, la Contraloría General de la Nación, detectó varias fallas en otras zonas del departamento, en cuanto a los lineamientos de este programa en materia de contratación, espacios inadecuados, mobiliario, menaje insuficiente entre otros aspectos.
En ese entonces, la Gerencia departamental del organismo de control abrió 13 procesos de responsabilidad fiscal por una suma total de 8.518 millones de pesos, que involucró como presuntos responsables a más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, que aún se les adelantan procesos investigativos.
Cabe destacar que, en septiembre del 2020, el alto Tribunal revocó la sentencia que había sido proferida por la Sala especial de Juzgamiento en primera instancia en la que el gobernador había sido condenado a cinco años de prisión domiciliaria.
En Julio de ese mismo año, había sido condenado porque, según el primer fallo, era responsable del delito de corrupción al sufragante.
Mientras sigue en curso el actual proceso judicial de Monsalvo, analistas políticos del Cesar, sostienen que el fallo crea incertidumbre y traumatismo para la región.
Fuente informativa:
eltiempo.com
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Directora de Comunicaciones de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva,
Amplia experiencia en diferentes medios: Periodismo, Imagen Corporativa, Comunicación Organizacional, Marketing político, Relaciones Públicas, Protocolo, Proyectos Televisivos a nivel nacional, Asesoría de comunicación, Desarrollo de páginas Web y Mercadeo.
