Robinson Manosalva niega responsabilidad y denuncia suplantación en polémico audio.
En las últimas horas, un audio se ha viralizado en el que el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, arremete contra los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras recibir una sanción de cinco días de arresto por su presunta negligencia en la recuperación de cuerpos de víctimas de la violencia.
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En la grabación de apenas 17 segundos, se escucha al alcalde lanzando insultos y descalificaciones hacia los magistrados, tildándolos de "delincuentes", "bandidos" y "corruptos". Se ha informado que el mensaje de voz fue enviado por Manosalva a un concejal.
Ante el escándalo desatado por la difusión del audio, la Alcaldía de Aguachica emitió un comunicado negando rotundamente que la voz en la grabación pertenezca al alcalde Robinson Manosalva.
"Quiero aclarar a la ciudadanía y a los medios de comunicación que se trata de una suplantación de mi identidad mediante la difusión de un audio en la plataforma de WhatsApp", señala el comunicado emitido por el mandatario.
Manosalva afirma que el audio es completamente falso y constituye un montaje con el propósito de manchar su reputación y honorabilidad. Además, enfatiza que no es la primera vez que es víctima de estrategias similares en redes sociales, en lo que él describe como una "guerra sucia".
Respecto a las palabras ofensivas presentes en el audio, el alcalde enfatiza su respeto hacia la decisión de los magistrados de la JEP y asegura que está cumpliendo plenamente con la orden impuesta por esta entidad.
"Nunca faltaría el respeto a las víctimas del conflicto armado en nuestro municipio mediante expresiones ofensivas o descorteses. Hago un llamado a los ciudadanos a no difundir ni compartir este tipo de audios, ya que la suplantación de identidad tiene implicaciones legales", concluye el comunicado.
En relación al motivo de su arresto, Robinson Manosalva argumenta que contrató los servicios de la empresa Unión Temporal de Exhumación Paz para llevar a cabo las labores forenses, pero no pudo cumplir con el trabajo debido a la falta de personal capacitado.
"En el momento de la exhumación, no contábamos con el número suficiente de profesionales necesarios, por lo que tuvimos que cumplir con lo estipulado en el contrato, que además requería el traslado de los cuerpos a otro lugar", explicó Manosalva.
Sin embargo, la JEP consideró que la solicitud de reconsideración presentada por el alcalde, así como los documentos adjuntos, no justificaban el incumplimiento de la orden. Como resultado, durante una audiencia, un miembro de la Policía Nacional trasladó al mandatario a una de sus instalaciones, donde permanecerá privado de su libertad durante cinco días.
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