Astrid Bibiana Rodríguez renunció tras perder la sede de los Juegos Panamericanos, pero el Congreso quiere responsabilizarla.
El Senado de la República se alista para debatir este miércoles una moción de censura contra la exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, quien renunció a su cargo por la controversia generada por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. Sin embargo, el petrismo y sus aliados intentan frenar el debate, alegando que se violaría el derecho a la defensa de la exfuncionaria.
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En una reunión de voceros de los partidos en el Congreso, senadores del Pacto Histórico, como Clara López y María José Pizarro, apoyados por Inti Asprilla (Alianza Verde), trataron de persuadir a sus colegas de no realizar el debate. Según ellos, al haber renunciado Rodríguez, ya no se le puede aplicar la moción de censura, que es un mecanismo de control político a los ministros en ejercicio.
La oposición busca un precedente histórico
Por su parte, los promotores de la moción, como el senador David Luna (Cambio Radical), sostienen que el debate es necesario para ejercer control político y sentar un precedente histórico en el Congreso. Aunque se esperaba que el ministro de Deporte encargado, Luis David Garzón, asistiera al debate, finalmente será el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien lo hará.
La moción cuenta con el respaldo de 32 senadores
La oposición ve en esta moción de censura una oportunidad para enviar un mensaje al Gobierno y profundizar en las razones detrás de los errores en la administración pública. Además, buscan esclarecer el destino de los recursos invertidos y si es posible recuperarlos. Según el senador Luna, la moción cuenta con el respaldo de 32 senadores, incluyendo algunos de la coalición de gobierno, y se espera que este número aumente a 60 o 65 votos, lo que podría convertirla en la primera moción de censura exitosa en el Congreso, a pesar de la renuncia de la ministra.
La exministra debe responder por la pérdida de los juegos
Luna insiste en que es necesario que alguien asuma la responsabilidad política y fiscal por la pérdida de los juegos, que representaban una oportunidad de desarrollo para el país. El objetivo es esclarecer las causas detrás de este incidente y determinar si hubo negligencia, falta de acción o intereses políticos involucrados.
Fuente informativa:- API
