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jueves, 24 abril, 2025

    Contrato de Universidad Nacional con Alcaldía de Medellín genera dudas

    Se investiga si el destino final fue financiar la campaña de varios candidatos
    Foto :
    Alcaldía de Medellín

    La Universidad Nacional recibió más de $1.000 millones para evaluar los programas sociales de la Alcaldía, pero algunos expertos cuestionan la metodología y los resultados.

    La Universidad Nacional de Colombia fue contratada por la Alcaldía de Medellín para realizar una evaluación de impacto de los programas sociales que se implementaron en la ciudad entre 2016 y 2019. El contrato, que tuvo un valor de $1.064 millones, se firmó en diciembre de 2019 y se entregó en junio de 2020.

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    Según el informe final del contrato, que fue publicado por la Agencia de Periodismo Investigativo, la Universidad Nacional concluyó que los programas sociales de la Alcaldía tuvieron un impacto positivo en la reducción de la pobreza, la desigualdad, la violencia y el embarazo adolescente, entre otros indicadores.

    Sin embargo, algunos expertos han cuestionado la metodología y los resultados del estudio, señalando que tiene varias debilidades y limitaciones. Por ejemplo, el economista Jorge Iván González criticó que el estudio no tuvo en cuenta el contexto socioeconómico y político de la ciudad, ni las variables externas que pudieron influir en los resultados.

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    Asimismo, el sociólogo Fabio Sánchez señaló que el estudio no usó una muestra representativa ni un grupo de control para comparar los efectos de los programas sociales. Además, afirmó que el estudio no midió el costo-beneficio ni la sostenibilidad de los programas.

    El contrato entre la Universidad Nacional y la Alcaldía de Medellín ha generado dudas sobre las prácticas de contratación pública y la independencia académica. Algunos sectores han señalado que el estudio podría tener un sesgo favorable a la gestión del alcalde Daniel Quintero, quien ha usado los resultados para defender su política social.

    La Universidad Nacional y la Alcaldía de Medellín han defendido la calidad y la transparencia del estudio, asegurando que se basó en datos oficiales y que se ajustó a los términos del contrato. Ambas instituciones han rechazado las acusaciones de falta de rigor o intencionalidad política.

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