Alimentación, educación y vivienda son los principales desafíos.
La Defensoría del Pueblo hizo una revisión al plan de desarrollo de Santa Marta para el periodo 2020-2023. El resultado fue un informe que evidencia las falencias en la garantía de los derechos a la alimentación, educación y vivienda digna. El Defensor, Carlos Camargo, presentó el documento y pidió acciones urgentes.
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Una situación alarmante en seguridad alimentaria
Según la Defensoría, en Santa Marta no hay una política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Tampoco hay una articulación entre las dependencias distritales ni un seguimiento a los resultados. Esto afecta a la población más vulnerable, que no tiene acceso a una alimentación adecuada. La Defensoría exhortó a la Alcaldía a ejecutar la política pública con enfoque de derechos humanos.
Unos retos pendientes en materia de educación
La Defensoría encontró que en Santa Marta hay una tasa de deserción escolar del 3,74%. Además, hay 22 colegios que requieren intervención en infraestructura, un déficit de 400 docentes y una cobertura del Programa de Alimentación Escolar del 61,5%. La Defensoría solicitó a la Secretaría de Educación fortalecer la participación comunitaria, mejorar la infraestructura y solucionar la falta de profesores.
Un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda
La Defensoría estableció que el déficit cuantitativo de vivienda en Santa Marta es del 13,4%, superior al promedio nacional. Además, hay un déficit cualitativo por las condiciones inadecuadas en las que viven muchas familias. La Defensoría denunció que no hay una política pública habitacional ni un censo poblacional actualizado. Por eso, pidió al Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y la Secretaría de Planeación adoptar medidas para garantizar el derecho a una vivienda digna.
