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sábado, 7 septiembre, 2024

    Imputa cargos a 12 exfuncionarios de la ANI por irregularidades

    La decisión judicial se deriva de actuaciones por la obra del el tramo Ocaña-Gamarra.
    Foto :
    API.

    Los exfuncionarios habrían participado en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosí que le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña y Gamarra.

    La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra un total de 12 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por su presunta responsabilidad en varias irregularidades detectadas en las adiciones otorgadas al proyecto Ruta del Sol II para los diseños y obras del tramo vial de Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Santander).

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    De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían participado en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosí que le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña y Gamarra.

    Los exfuncionarios de la ANI imputados son:

    • Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación de Riesgos y Entorno.
    • María Clara Garrido, exvicepresidenta Administrativa y Financiera.
    • Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidenta de Estructuración.
    • Yasmina del Carmen Corrales, exsupervisora del contrato de concesión.
    • José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carretero.
    • Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.

    Asimismo, fueron imputados:

    • David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
    • Francisco Javier Forero, exasesor financiero.
    • Édgar Chacón Hartman, exgerente Predial VPR César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.
    • Miguel Ángel Bettin Jaraba, ex interventor del contrato.

    Según las investigaciones, los exfuncionarios habrían vulnerado las normas y principios de contratación, además de desconocer los requisitos definidos en la licitación pública y lo indicado por el estructurador del proyecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

    En medio de posibles anomalías le fueron reconocidos a la concesionaria más de $7.800 millones que se sumaron al valor del contrato principal.

    Los imputados no aceptaron los cargos y seguirán vinculados al proceso penal.

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