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lunes, 23 diciembre, 2024

    Andi exige al Gobierno financiar bien la salud

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    stewardcolombia.org

    Los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías en salud advierten que la situación actual del sistema está afectada por variables no controlables y por el aumento del gasto en salud.

    Las Cámaras de la Salud de la Andi, que representan a los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías en salud, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para salvaguardar a los pacientes y la operación del sistema de salud, el cual respalda más de dos millones de atenciones en salud diarias.

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    Asimismo, solicitaron al Gobierno Nacional que tome las acciones necesarias para asegurar un financiamiento correcto y sostenible del sistema de salud, además de establecer los mecanismos adecuados para garantizar la liquidez necesaria para su correcto funcionamiento.

    Según la Andi, "la situación actual del sistema ha sido afectada por variables no controlables como la inflación y la tasa de cambio". Además, el aumento en las frecuencias de uso debido a la ampliación del Plan de Beneficios en Salud (PBS), el traslado de usuarios y los efectos posteriores al Covid-19, han incrementado la siniestralidad histórica de las EPS, revelando la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en ambos regímenes.

    A pesar del esfuerzo del Gobierno al aumentar la UPC en un 16.23% para el año 2023, dicho incremento no ha sido suficiente para absorber el aumento del gasto en salud durante el año.

    Asimismo, se destaca que los pagos pendientes de los presupuestos máximos, correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, adeudan aproximadamente $3 billones a las EPS. Además, persisten saldos pendientes por concepto de recobros y atención relacionada con el Covid-19.

    El último estudio de cartera sectorial realizado trimestralmente por la Andi ha revelado una desaceleración en los ciclos de recaudo tanto para los prestadores como para los proveedores de tecnologías durante el primer trimestre de 2023, con un promedio de 203 días. Además, se ha observado un aumento en la cartera castigada, que ha pasado del 2.4% en 2021 al 4.7% en 2022.

    Este deterioro en los flujos de recursos tiene un impacto significativo en la operación del sistema y, lo que es aún más preocupante, pone en riesgo la oportunidad de atención a los usuarios. Por lo tanto, es crucial garantizar que el sistema cuente con la liquidez necesaria para operar de manera adecuada.

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