Dos funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha son acusados de exigir requisitos innecesarios durante el proceso.
La Procuraduría General de la Nación ha presentado pliego de cargos contra dos funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para la prestación del servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas del municipio.
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En el expediente se incluye a Gloria Álvarez Tovar, secretaria del despacho, y a Óscar Javier Rodríguez Díaz, profesional universitario, quienes enfrentan acusaciones por presuntamente exigir requisitos injustos y desproporcionados a los proponentes durante el proceso de licitación.
Además, se ha involucrado a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga en el mismo expediente.
El Ministerio Público sostiene que Álvarez Tovar podría haber incurrido en falta disciplinaria al presuntamente omitir los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal, durante la etapa de estructuración de los estudios previos y la posterior adjudicación del proceso.
Se le ha formulado cargos por presuntamente inhabilitar a un proponente al negarle la oportunidad de subsanar una deficiencia relacionada con la experiencia previa requerida, lo que podría haber resultado en una posible inhabilitación injustificada.
En el caso de Rodríguez Díaz, la Procuraduría señala que, en la etapa precontractual, participó en la suscripción de los estudios previos y los escritos para responder a las observaciones presentadas por los proponentes.
Respecto a los contratistas, se alega que desempeñaron roles como miembros del comité evaluador de la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica final, en el cual se excluyó a uno de los interesados en el proceso sin permitirle corregir un posible error.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, al considerar que los implicados pudieron haber pasado por alto instrucciones y directrices impartidas por la entidad.
