Mauricio Funes y David Munguía Payés sentenciados a prisión por acuerdos ilícitos con líderes pandilleros.
Un tribunal de El Salvador emitió una sentencia condenatoria de 14 años de prisión para Mauricio Funes, expresidente del país, tras hallarlo responsable de negociar un pacto con las pandillas locales. El objetivo de este acuerdo era reducir la tasa de homicidios a cambio de brindar beneficios a los líderes pandilleros encarcelados. El exministro de Seguridad y general, David Munguía Payés, también enfrentó al tribunal y recibió una pena aún mayor de 18 años.
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Ambos acusados fueron señalados por formación de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Además, Munguía Payés fue imputado por actos arbitrarios en su desempeño. Estas condenas representan un hito en la historia de El Salvador, siendo Funes el segundo expresidente del país en ser condenado por violar la ley durante su mandato entre 2009 y 2014.
Tras conocer la sentencia, Mauricio Funes emitió una declaración a través de un programa de entrevistas en redes sociales, en la que rechazó las acusaciones y calificó la condena como ilegal y carente de fundamentos legales. Además, denunció la injusticia de la condena impuesta a Munguía Payés.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, celebró la decisión del tribunal, resaltando que este juicio marcaba el fin de años de impunidad y castigaba a aquellos que realizaban negociaciones perjudiciales para los ciudadanos salvadoreños.
Durante el juicio, se presentaron pruebas de las reuniones entre las pandillas, que incluían traslados ilegales entre distintas prisiones, ingreso de grupos de música y mujeres a las cárceles, y mediadores sin seguir los protocolos establecidos. El tribunal determinó que los directores de las prisiones no tenían la autoridad para llevar a cabo estas acciones.
En su defensa, David Munguía Payés expresó su descontento con el proceso judicial, alegando múltiples irregularidades y afirmando que fue condenado debido a su posición política y su rol como exministro bajo la presidencia de Funes.
Cabe destacar que Mauricio Funes, actualmente residente en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega, no estuvo presente durante el juicio. Sin embargo, gracias a una reforma penal aprobada en septiembre de 2022, fue posible llevar a cabo un juicio en su contra. Funes no eligió un abogado defensor, por lo que se le asignó uno de oficio.
Durante el desarrollo del juicio, se presentaron testigos, entre ellos el obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo. Ambos testigos afirmaron que tanto Funes como Munguía Payés estaban al tanto de todos los detalles de los acuerdos de tregua con las pandillas.
