El hecho, que ya era conocido por varios funcionarios del Gobierno, fue sido catalogado por Alfonso Prada como "cerco humanitario" y no como secuestro.
La procuradora, Margarita Cabello, dio conocer que se vienen acciones en contra del gobierno del presidente Petro, puntualmente sobre el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, por cuenta de lo que pasó en Los Pozos, Caquetá, y lo que el gobierno ha llamado un “cerco humanitario”, luego de las protestas que se llevaron a cabo en la zona.
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En entrevista con El Tiempo, la procuradora Cabello aseguró que el gobierno omitió una serie de hechos y llamados de atención por lo que es posible que se dé una investigación al ministro del Interior, Alfonso Prada.
Lo anterior luego de que el jefe de la cartera asegurara que lo que ocurrió con los policías que estaban intentando controlar la situación en Caquetá: fueron retenidos en un “cerco humanitario”, postura oficial que ha sido fuertemente criticada.
El hecho, para varios analistas, no podría catalogarse como tal y tendría que hablarse de un secuestro, con lo que esto represente para las investigaciones penales del caso.
La posible apertura de investigación al ministro Alfonso Prada, dijo Cabello, se daría porque el Gobierno ya tenía, desde febrero, información de que lo que ocurría en la zona y lo que en Caquetá iba a darse.
Lupa al actuar del ministro Alfonso Prada
Para el ministerio público, en caso de que el Gobierno hubiera actuado a tiempo, se habría evitado lo que pasó en la zona.
“Estamos estudiando la posibilidad de abrir una investigación contra el ministro y la viceministra por no haber actuado a tiempo. Y contra la policía por la posible omisión de los llamados de quienes estaban siendo atacados por los campesinos”, dijo Cabello a El Tiempo.
Para la Procuraduría no cabe que, en la postura oficial del gobierno dada a conocer a través del ministro Alfonso Parada, sea correcto decir que, ante 78 policías privados de la libertad, y un policía y un campesino muertos, se hubiera gestado un cerco humanitario.
“Tampoco el Gobierno se puede sentar a conversar con sus autores para buscar la manera de que no los investiguen ni enjuicien por esas acciones. Ellos deben saber que tienen latente la posibilidad de que les abran investigación por esos delitos. Y si los hay, al Ministro le tocaba denunciarlos”, concluyó la procuradora.
De momento, el Gobierno ha asegurado que, en conversaciones con los líderes de las protestas en el Caquetá, se ha llegado a una serie de acuerdos para poder normalizar las actividades en la zona.
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