La nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, ha levantado una polémica por cuenta de su propuesta de reducir el presupuesto para la salud y eliminar las EPS.
El exministro de Salud Fernando Ruiz fue uno de los funcionarios más destacados del gobierno Duque. Para nadie es un secreto que los buenos indicadores de la pandemia se deben a su gestión, pues la disponibilidad de vacunas permitió que Colombia pudiera volver a su vida normal en poco tiempo.
Desde hace algunos meses, el nombre de Fernando Ruiz sonaba para la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pues su desempeño en la cartera también fue destacado por organismos internacionales.
Sin embargo, no pasó de un simple rumor, pues el Gobierno Petro decidió no apoyar su candidatura. Varios dicen que la decisión vino de la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, quien fue crítica de la gestión de Ruíz y del sistema actual.
¿Quieren acabar las EPS?
La ministra Corcho ha dicho, desde el inicio de su administración, que las EPS son un sistema que no funciona, por lo que su deseo es acabar la intermediación de esas empresas.
Fernando Ruiz dijo qué pasaría si se acaban las EPS en Colombia
El exfuncionario de la anterior administración planteó dudas y riesgos que se podrían dar, ante la posible decisión del nuevo Gobierno.
Puso un ejemplo con uno de los periodistas de Semana, que lo entrevistó, exponiendo cuál sería un escenario ante la inexistencia de las EPS.
“Si a ti Jairo te da un infarto en un pueblito de Boyacá, un domingo a las 8 de la noche, alguien debe responder por ti. Vas a llegar al hospital del pueblo y no vas a encontrar quién te pueda tratar, quien te haga un cateterismo, o revascularización”, comentó Ruiz.
“Si esos sistemas no están conectados por un modelo de aseguramiento, esta respuesta nunca se va a dar, de manera que hay que conseguir la ambulancia, la derivación al hospital en Bogotá. Si eso no está coordinado por una entidad que lo conecte y tenga capacidad de orden nacional, la probabilidad de que el paciente fallezca es alta”. concluyó.
El aseguramiento
Una de las preguntas de Ruiz hace referencia al aseguramiento de los colombianos, más específicamente sobre quién va a hacer la protección financiera de un individuo, frente a las situaciones de salud.
“Si cuando un bogotano vaya a la Guajira y se enferme, ¿es la Secretaría de Salud de Bogotá la que va a responder? O un paciente que venga de Inírida a Bogotá, porque necesita un trasplante, cómo va a acceder a él”, comentó.
Gestión de los riesgos de salud
Este factor corresponde a los seguimientos que hace el sistema a las enfermedades de los pacientes en el país. Un seguimiento que hacen las EPS y que deja en duda cómo se asegurará el Gobierno de que los diabéticos reciban su medicamento a tiempo, o que un enfermo de cáncer tenga su tratamiento continuamente o pueda ir a distintos centros especializados.
“El sistema tiene más de 700 millones de transacciones y de cuentas médicas al año. ¿Quién va a manejar eso? Yo no veo que existan respuestas claras. Veo propósitos e ideas, pero no veo nada más”.
Consecuencias de bajar el presupuesto a la salud
Una de las propuestas más controversiales es la de reducir el presupuesto para el sistema de Salud, pues el proyectado por Duque es de 86,5 billones y el presentado por el Gobierno es de 82,2 billones.
“Reducir el presupuesto no solo afecta a las EPS. Detrás de las EPS vienen las IPS públicas y privadas, va a darse un desfinanciamiento inmediato, una reducción del flujo de recursos, mayor deuda y menor posibilidad de contratar personal. Se afectan médicos, que se quedan sin trabajo o tendrían problemas con su salario, y al final el afectado es el usuario”, comentó.
Qué pierde Colombia eliminando las EPS
El exministro aseguró que en el país no existen las listas de espera para procedimientos como cirugías y exámenes de alta complejidad, como en otros países que se demoran entre 4 y 6 meses para acceder a una operación.
Además, dijo que en la pandemia se pudo evidenciar cómo los colombianos pudieron acceder a atención médica, sin endeudarse. Caso contrario al mexicano, país en el que muchos no podían pagar cuentas en hospitales, de sus familiares fallecidos por COVID-19.
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