Comunidades wayús y afros del área de influencia sufren por la falta de agua.
Cerrejón denunció que el 30 por ciento de la actividad minera está siendo afectada por bloqueos de las vías en el sur de La Guajira, por parte de las comunidades indígenas de Tamaquito II y San Francisco, quienes protestan por la falta de agua.
Sin embargo, en la protesta también participan las comunidades reasentadas de Patilla, Roche, Chancleta y Las Casitas, así como las comunidades afro de Manantialito, Crucetal, Sabana y medio y Tierra azul.
Todas pertenecen al municipio de Barrancas y se encuentran cercanas al tajo Oreganal y sufren por la falta de agua, pero, de forma individual tienen algunos temas sociales que requieren ser resueltos por la multinacional.
Los bloqueos que completan cuatro días, fueron originados por la falta de agua en la comunidad de Papayal, afectando por dos días la vía nacional que comunica con el departamento del Cesar, a la que se sumaron estas comunidades, las cuales fueron escuchadas por la ministra de Vivienda Catalina Velasco.
Previo al encuentro, Cerrejón anunció que aportará 1.753 millones de pesos para realizar obras que permitan mejorar la frecuencia, continuidad y cobertura del servicio de agua potable en los corregimientos de Papayal y Oreganal.
La comunidad de Papayal levantó el bloqueo, tras el establecimiento de una mesa técnica para emprender acciones de contingencia y la revisión de compromisos enmarcados en las sentencias que ordena abordar de forma integral y articulada el abastecimiento de agua en La Guajira.
Mientras que las otras comunidades, mantuvieron las protestas en su territorio, impidiendo el acceso a la mina, por cuatro entradas alternas, lo que imposibilita el ingreso y salida de los buses de la compañía que transportan a los trabajadores.
La carbonera rechazó las vías de hecho las cuales considera “no son un método de conversación con Cerrejón”, asegurando, además, que respeta el derecho a la protesta pacífica y manifestó su disposición de seguir aportando al bienestar de las comunidades vecinas.
“Solo el diálogo con todos los actores que tengan interés en el desarrollo de La Guajira y sus habitantes, permitirá la construcción de acuerdos para trabajar sobre lo que nos une”, afirmó Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón.
Las peticiones de la comunidad
Sin embargo, se conoció en el caso de la comunidad reasentada de Tamaquito II, que la protesta obedece a la falta de respuesta por parte de la carbonera, a varias peticiones y propuestas, luego de más de ocho reuniones.
Una de ellas, está relacionada con la extensión de ayuda para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua, la cual dejó de funcionar hace cinco meses por falta de químicos, para su funcionamiento anual se requieren 150 millones de pesos.
Nos sacaron de nuestro territorio para estar en mejores condiciones, en Tamaquito teníamos un pozo profundo, dos arroyos y manantiales, cuando nos queríamos bañar nos bañábamos
“Ellos nos sacaron de nuestro territorio para estar en mejores condiciones, en Tamaquito teníamos un pozo profundo, dos arroyos y manantiales, cuando nos queríamos bañar nos bañábamos, ahora tenemos un solo pozo y una planta que es costosa”, sostiene el cabildo gobernador Jairo Fuentes.
Esta comunidad wayú fue reasentada en 2013 con 31 familias, ahora cuenta con 71 familias, representadas en unas 256 personas, quienes aseguran no contar con suficiente recurso para cubrir el tema.
Para el levantamiento de la protesta piden acordar expansión del tiempo en el tema de auxilio educativo, empleabilidad y agua de las comunidades.
Cerrejón asegura que ha cumplido con este reasentamiento en la construcción de una línea de agua para proyectos productivos con su reservorio, la construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua para su funcionamiento durante 44 meses y una planta de aguas residuales.
Por su parte, María de los Ángeles García Mejía, presidenta del Consejo comunitario de negros cimarrones de Manantialito y Crucetal, pide a Cerrejón ser tenidos en cuenta en la sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional, que ordena la consulta previa y compensaciones por el daño ambiental.
También, que se cumpla la sentencia de la Corte T-256 de 2015, que ordena al ministerio de Vivienda, a la gobernación, al municipio de Barrancas y a la empresa Cerrejón, elaborar un plan de agua definitivo para todas las comunidades étnicas y tribales del sur de La Guajira.
“En todas estas comunidades no hay agua y cuando obtenemos el poquito de agua no se puede consumir porque no es apta para el consumo, tenemos que comprar el agua que vamos a consumir”, asegura García.
Esta nota la puede encontrar en eltiempo.com / Eliana Mejía Ospino
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