Antes de cambiar su nombre, fue señalada por la Contraloría como acaparadora de la alimentación escolar. La Procuraduría investigó sus contratos por contaminación y falta de transparencia.
Una de las tres empresas que opera el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena este primer semestre de 2021 tiene a cuestas un historial de incumplimientos e investigaciones por contratos de alimentos en distintas ciudades del país. Se trata de la Corporación Social Buen Corazón, que junto a la Fundación para el Desarrollo de Las Comunidades Vulnerables (Fundecomv) y la Asociación de Profesionales para El Desarrollo Social (Apds) conforman la Unión Temporal ‘Por los niños de La Heroica’.
Esa unión temporal, encargada de entregar los paquetes de alimentos para preparar en casa mientras continúen las clases remotas, obtuvo el contrato por $17.254 millones en una rueda de negocios celebrada en enero pasado en la Bolsa Mercantil de Colombia.
Con esa suma, la Alcaldía de Cartagena proyecta beneficiar a 52.451 estudiantes de 77 sedes educativas. Las entregas comenzaron la primera semana de febrero.
Que una de las empresas detrás del PAE tenga cuestionamientos por sus ejecuciones pasadas no la inhabilitaba para participar en la rueda de negocios de la Bolsa Mercantil, pero sí evidencia que la contratación a través de esa entidad en lugar de una licitación pública no es infalible ni garantiza que la alimentación de los estudiantes no quede en manos de firmas que han sido cuestionadas o investigadas.
De hecho, la Corporación Social Buen Corazón simboliza una constante en la contratación pública colombiana: cambiar de nombre —como ese privado lo hizo— cuando hay demasiados reflectores alumbrando cerca. Una práctica que permite camuflar los líos pasados y pujar por más contratos, a través de nuevas razones sociales o como miembro de uniones temporales o consorcios.
Lo que deja atrás, un Buen Corazón
El ascenso de la Corporación Social Buen Corazón como contratista público ha sido posible, en parte, por millonarios negocios de alimentación escolar que se ha ganado a dedo y por sus vasos comunicantes con grupos políticos en Sucre y Norte de Santander.
Este privado, antes Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa, nació en 2004 en Sincelejo y tiene como actividad económica principal el comercio al por mayor de alimentos y comidas listas para el consumo. Los contratos que ha ganado por sí mismo, es decir, sin integrar uniones temporales o consorcios, suman al menos $68.711 millones.
Este contratista cambió de nombre el 26 de julio de 2018, un mes después de que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria al entonces gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado y a otros dos funcionarios de esa administración por haberle entregado convenios de alimentación escolar por más de $51.000 millones.
La Procuraduría dijo que la selección de la entonces Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa como contratista pudo haberse realizado “de manera sesgada y subjetiva”, sin tener en cuenta su idoneidad y experiencia, pues la Gobernación le adjudicó los contratos de manera directa y no por licitación pública.
Por no haber ejercido correctamente la supervisión de uno de esos contratos, la Procuraduría de Norte de Santander le abrió investigación disciplinaria a la entonces secretaria de Educación departamental Fabiola Cáceres Peña.
El ente de control cuestionó que existiera contaminación cruzada (transferencia de elementos contaminantes de un alimento a otro), información engañosa sobre el peso de las raciones servidas y problemas en la bodega de almacenamiento. Dos años antes, la Contraloría General había incluido a esta empresa en un listado de acaparadores de la alimentación escolar de Colombia.
Detrás de esta corporación están David Enrique Conde Calderón y Camilo Andrés Ramírez Numa. A este último La Silla Vacía lo describió como “un ingeniero contratista de varias obras de infraestructura en Norte de Santander”, cercano al diputado por Cambio Radical de ese departamento, Pedro Leyva Rizzo.
La Silla Vacía aseguró que el aterrizaje de esa corporación en los Santanderes fue posible por el diputado Leyva Rizzo y sus acuerdos electorales para las legislativas de 2014 con el entonces senador Julio Miguel Guerra Sotto, hijo del fallecido exgobernador de Sucre Julio Guerra Tulena.
En esa administración departamental esta firma obtuvo un millonario contrato de alimentación escolar por $10.750 millones, que también tuvo problemas de ejecución.
Detrás de este contratista también ha estado Mario Chica, quien fue su asesor jurídico hasta 2016.
Chica ha sido representante legal de las empresas de los hermanos Édgar y Efraín Torrado, exconcejal de Bogotá y excongresista del Partido de La U respectivamente, vinculados a un cartel de la contratación de alimentos escolares en la capital que funcionó durante el gobierno de Samuel Moreno, condenado por corrupción.
Las otras dos empresas
ambién integran la Unión Temporal ‘Por los niños de La Heroica’ la Fundación para el Desarrollo de Las Comunidades Vulnerables (Fundecomv) y la Asociación de Profesionales para El Desarrollo Social (Apds). Fundecomv es una entidad sin ánimo de lucro, matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 1995. Hasta el 24 de enero de 2018 se llamó Corporación Gerencia y Desarrollo ‘Gedesarrollo’. Su actual representante legal es Pablo García Elles.
Esta entidad busca promover mejores condiciones de vida entre las personas vulnerables, especialmente niños, adultos mayores, desplazados y cabezas de familia. Según sus estados financieros publicados, al 31 de diciembre de 2018 registraba ingresos operacionales por $10.931 millones y utilidades por $494 millones. Firmó varios contratos con los operadores del PAE en Bolívar durante 2018. Fue su proveedor de raciones industrializadas (pan, leche, bocadillos y frutas), productos preparados con carne y legumbres o verduras.
La otra empresa de la unión temporal, Apds, es una entidad sin ánimo de lucro, registrada desde 2010 en Bogotá. Ha sido contratista del ICBF para prestar servicios de alimentación y formación en distintas ciudades del país. Con esa entidad el Bienestar firmó tres contratos por $1.376 millones.
Esta asociación tiene un amplio objeto social, que incluye asesoría y ejecución de programas en las diferentes áreas del conocimiento, gestionar la consecución de recursos y suministrar alimentos preparados. Su representante legal es Lina Marcela Moya Mahecha.
Fuente informativa:
eluniversal.com.co
