La Procuraduría General interpela al Ministro de Salud sobre la gestión y destino de los recursos de la UPC.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, aclaraciones sobre un proyecto administrativo. Este proyecto concierne a la estructura y financiación de los equipos básicos de salud con fondos de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).
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La entidad advierte que, según la jurisprudencia constitucional, los fondos de la UPC deben tener un uso específico. No se pueden emplear para propósitos distintos a los estipulados constitucionalmente y por ley. Desviar estos recursos podría significar una regulación inapropiada.
Competencias del Ministerio
El ente de control recalca que el Ministerio de Salud no está facultado para alterar el destino de los recursos de la UPC. Hacerlo podría infringir el derecho a la salud y afectar negativamente la calidad del servicio. La resolución 2364 de 2023, que establece el aumento de la UPC para 2024, se emitió sin cumplir con los principios de publicidad necesarios para garantizar un proceso adecuado.
La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social señala la falta de participación de todas las EPS en el diálogo sobre la suficiencia de la UPC. Además, menciona la ausencia de fundamentos jurídicos, técnicos y financieros claros para definir el uso de estos fondos.
Finalmente, el organismo de control ha instado a no emitir la mencionada resolución y a detener el proceso de este acto administrativo.
Fuente informativa:
- API
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