Federico Gutiérrez denuncia riesgo en el acceso a servicios de salud por retrasos en pagos a hospitales y deudas acumuladas de más de $169.000 millones.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la presentación de una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para exigir al Gobierno Nacional soluciones urgentes a la crisis en el sistema de salud. Señaló que las intervenciones a Entidades Promotoras de Salud (EPS) no han sido acompañadas de pagos oportunos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que pone en riesgo el derecho a la salud de millones de ciudadanos. ( Además: Contraloría alerta deterioro en servicios de energía y gas )
Gutiérrez responsabilizó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud por la situación, destacando que algunos hospitales reciben apenas el 6% del valor mensual facturado por servicios prestados.
Entre los casos más críticos, el Hospital General de Medellín facturó $18.000 millones en abril de 2025, pero solo recibió $1.100 millones. La deuda acumulada con esta institución asciende a $128.000 millones.
Otras entidades también enfrentan problemas: Metrosalud tiene una deuda de $32.000 millones, y el Hospital Infantil Concejo de Medellín espera $9.200 millones sin pagar. Estas cifras reflejan la gravedad de la crisis en la región, con hospitales luchando por mantener operaciones esenciales.
Argumentos legales y prioridad institucional
Gutiérrez fundamentó la acción judicial en la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud, destacando que “lo que está en juego no es un modelo, es la vida”. La acción busca que el Gobierno Nacional asuma responsabilidades financieras y evite el colapso de instituciones sanitarias.
La administración local insistió en la necesidad de una solución coordinada entre niveles de gobierno, ya que la falta de recursos compromete no solo servicios médicos, sino también empleos y programas de atención prioritaria en la ciudad.
El anuncio de Gutiérrez ha generado debate nacional sobre la gestión del sistema de salud. Sectores de la sociedad civil y gremios médicos respaldan la medida, al tiempo que exigen claridad sobre el manejo de recursos y la implementación de mecanismos de pago ágiles y transparentes.
Esta situación pone en evidencia los desafíos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, especialmente en contextos urbanos con alta demanda de servicios.
Fuente informativa:- La Razón
