Una columna de opinión vincula el atentado a Miguel Uribe Turbay con el resurgimiento de la violencia y cuestiona las políticas del gobierno Petro.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó este domingo 15 de junio una columna de opinión escrita por Mary Anastasia O’Grady, en la que se analiza el aumento de la violencia en Colombia, los factores que lo alimentan y las políticas gubernamentales que, según la autora, han contribuido al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales. ( Además: Electrodependientes de OGB rechazan soluciones de Afinia )
Bajo el título “El auge de los narcoterroristas en Colombia”, el texto presenta un diagnóstico preocupante sobre el estado actual del país, señalando un retroceso en materia de seguridad e institucionalidad. El artículo hace eco del reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, como un síntoma más de una crisis profunda.
El hecho que dejó al senador Uribe Turbay en estado crítico tras recibir varios disparos es presentado como un evento que refleja el deterioro del entorno de seguridad para la clase política y actores democráticos. Aunque no se han identificado aún los responsables directos del ataque, la autora sugiere una posible conexión con redes delictivas interesadas en desestabilizar el orden constitucional.
La columna resalta que, aunque buena parte de la violencia se concentra en zonas rurales, sus efectos se están extendiendo a áreas urbanas y regiones estratégicas del país, poniendo en riesgo la estabilidad del proceso político nacional.
Críticas a la política de diálogo con grupos armados
O’Grady dedica una extensa sección del texto a evaluar las políticas implementadas por el presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder en 2022. En especial, cuestiona su estrategia de diálogo con organizaciones armadas, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el que su gobierno ha desarrollado un proceso negociador que incluyó suspensiones de órdenes de captura, bloqueo de solicitudes de extradición y un cese al fuego bilateral en 2023.
Según la autora, estas medidas habrían tenido como resultado el fortalecimiento del ELN, cuya presencia y capacidad operativa habrían aumentado especialmente en zonas fronterizas como el Catatumbo, donde el grupo habría establecido alianzas con sectores vinculados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Uno de los ejes centrales del análisis es el crecimiento de la producción y distribución de cocaína en Colombia. La columna cita datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), según los cuales la producción potencial de cocaína aumentó un 53 % en 2023 respecto al año anterior.
Además, señala que las áreas dedicadas al cultivo de coca alcanzaron las 209.000 hectáreas, superando las cifras registradas en años anteriores y multiplicando por cinco los registros de 2013. Este fenómeno, dice la autora, es indicativo del avance de economías ilegales y del fortalecimiento de redes narcotraficantes con influencia territorial y política.
Una advertencia sobre el futuro institucional
Desde esta perspectiva, O’Grady utiliza la expresión “un narcoestado florece” para describir el escenario que se vive en Colombia. Para la columnista, la combinación de permisividad frente a actores armados, debilitamiento institucional y crecimiento de cultivos ilícitos está configurando un entorno en el que la violencia no solo se intensifica, sino que amenaza con transformar profundamente el funcionamiento del Estado y el sistema democrático.
La autora también destaca cómo estos grupos no solo controlan territorios, sino que influyen en decisiones políticas y económicas, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para recuperar el control efectivo del territorio.
La publicación del WSJ refleja una visión crítica que podría influir en la percepción internacional sobre la situación en Colombia. Aunque el texto reconoce que el país no ha regresado completamente a niveles similares a los peores momentos del conflicto armado, advierte que los pasos dados por el Ejecutivo podrían estar acelerando un giro peligroso hacia el caos institucional.
Este tipo de análisis, realizado desde uno de los medios más influyentes del mundo, tiene el potencial de impactar en las relaciones diplomáticas, las decisiones de inversión extranjera y el apoyo internacional a programas de cooperación en seguridad y desarrollo rural alternativo.
¿Hacia dónde va Colombia?
La columna cierra con una pregunta implícita: si Colombia puede contener el avance de estas dinámicas antes de que comprometan irreversiblemente su gobernabilidad. Mientras tanto, el país enfrenta el reto de responder a los hechos de violencia, garantizar la protección de líderes públicos y combatir una economía ilegal que sigue expandiéndose bajo nuevas formas de organización y financiamiento.
En este contexto, el mensaje del WSJ no solo busca informar, sino advertir: la historia del narcotráfico y la violencia en Colombia no está cerrada, y su evolución afectará no solo al país, sino a toda la región.
Fuente informativa:- API
