La jueza determinó que sí existe una hipótesis sobre la presunta comisión de dos delitos por parte del expresidente y exsenador.
En la audiencia que se extendió por más de 10 horas, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz señaló que hay suficiente material probatorio para que el jefe natural del Centro Democrático se defienda ante un juez por el delito de soborno a testigos y fraude procesal. Es decir, irá a juicio.
De acuerdo con la funcionaria, Álvaro Uribe supo y autorizó las gestiones que hizo su abogado Diego Cadena para conseguir los testimonios de Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa, presos en la cárcel de Cómbita.
La jueza declaró que la Fiscalía no probó la tesis que alegó (que no había delito) y cuestionó a la entidad por no haber entrevistado a testigos que habría podido dar más elementos en este caso. Por tanto, enfatizó en que hay elementos de duda y una hipótesis viable de que sí habría soborno, reseñó El Tiempo.
Para la funcionaria “era notorio que los testimonios que recaudaba el abogado Diego Cadena” tenían como fin oponerse a la decisión de compulsar copias a Uribe por manipulación de testigos y que “hay indicios de la tipicidad sobre el soborno a Juan Guillermo Monsalve”.
Sobre el fraude procesal, la jueza señaló que existen inconsistencias en las versiones que entregaron todas las partes. Según argumentó, no es claro si contenido es real. En ese sentido, no procede la preclusión por el mencionado delito.
n la sustentación, Ortiz explicó que el fraude procesal se habría configurado con la presentación de un documento de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño a la Corte, con lo que se habría intentado llevar al error al alto tribunal.
“La Fiscalía no satisfizo al demostrar la procedencia frente a la causal de preclusión de fraude procesal en cuanto a testigos mencionados”, sentenció.
Uno de los puntos clave de la audiencia y que despertaba particular interés en la defensa de Uribe era la legalidad de las interceptaciones que se le hicieron a Cadena y al expresidente. Según determinó la jueza, las pruebas recaudadas por la Corte Suprema fueron legales.
Al final de la audiencia, la Fiscalía no presentó apelación al respecto, por lo que el juicio al exmandatario es inminente
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