Acusa al gobierno de prevaricato por convocar consulta popular sin aval del senado; exige investigación penal para 19 funcionarios en caso que califica de "autoritario".
La senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, presentó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra los 19 ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La acusación se basa en el presunto delito de prevaricato por acción, contemplado en el artículo 413 del Código Penal. ( Además: Afinia invierte $2,73 billones para estabilizar energía en Caribe )
La denuncia de Cabal señala que el Gobierno expidió el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual convoca al pueblo colombiano a una Consulta Popular. Sin embargo, según la senadora, este decreto fue emitido sin contar con el concepto previo y favorable del Senado, un requisito indispensable establecido por el artículo 104 de la Constitución Política y la Ley 1757 de 2015.
“Estamos ante un acto administrativo manifiestamente ilegal, firmado con conocimiento de causa por todos los ministros. La Constitución no es una sugerencia, es una norma que debe cumplirse. Lo que ha hecho el Gobierno es una afrenta directa al orden jurídico y a la democracia”, afirmó Cabal.
Un precedente de uso arbitrario del poder
Según la senadora, este acto representa un grave precedente en el uso arbitrario del poder, donde se desconoce abiertamente la voluntad del Congreso de la República y se pretende imponer por decreto lo que fue negado en el Senado. En el documento de la denuncia, la precandidata presidencial exige la apertura inmediata de una investigación penal contra los altos funcionarios implicados.
“Este no es solo un problema legal. Es una alerta roja sobre el talante autoritario del Gobierno de Gustavo Petro, que pretende pasar por encima de la Constitución para imponer su agenda ideológica”, concluyó Cabal.
La denuncia de María Fernanda Cabal busca que la Fiscalía investigue si los ministros incurrieron en el delito de prevaricato por expedir un acto administrativo presuntamente contrario a la ley, con pleno conocimiento de su ilegalidad, lo que podría tener implicaciones significativas para el gabinete ministerial del presidente Petro.
