La defensa argumenta que el fallo no cumple con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, anunció su decisión de apelar la sanción e inhabilidad de 14 años para desempeñar cargos públicos impuesta por la Procuraduría General de la Nación. El abogado Julio Cesar Ortiz, representante de Hernández, argumentó que el fallo no se ajusta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y considera que se ha procedido de manera incorrecta e inadecuada.
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El anuncio de la defensa llega justo antes del inicio de un nuevo proceso electoral, y sostienen que el fallo de la Procuraduría debió haberse dado a conocer mucho antes, sugiriendo que el momento de la decisión ha sido mal calculado. Ortiz indicó que no creen en la justicia de este fallo y procederán a apelar dentro de los plazos procesales correspondientes, lo que implica que la decisión final sobre el caso de Hernández aún no se ha sellado.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción contra Rodolfo Hernández basada en la acusación de interés indebido en el contrato relacionado con la gestión de residuos, conocido como Vitalogic. Según la investigación llevada a cabo, Hernández supuestamente demostró un interés personal en el proceso de selección del contrato de gestión de residuos para la unión temporal Vitalogic RSU, lo cual implicaría beneficios económicos para su hijo a través de un contrato de corretaje previamente establecido.
Se alega que Hernández se reunió con representantes de la multinacional Vitalogic en Bogotá, en un encuentro que se cree tenía un interés personal. La Procuradora Margarita Cabello afirmó que el exalcalde proporcionó información privilegiada para favorecer a Vitalogic en la adjudicación del contrato, poniendo a la empresa en ventaja sobre otros competidores. Además, se sostiene que Hernández ejerció presión sobre el director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para pasar por alto las normas de contratación y el manual existente, a fin de formalizar el negocio de residuos con Vitalogic.
El fallo de la Procuraduría en primera instancia consideró las conductas imputadas como dolosas y graves. Sin embargo, la apelación anunciada por la defensa de Hernández podría alterar el curso del caso. La revisión del fallo se llevará a cabo en los próximos meses, dejando la sanción e inhabilidad en suspenso hasta que se tome una nueva decisión.
En el centro de esta controversia se encuentra el hijo del exalcalde, quien habría suscrito un contrato de corretaje que presuntamente favoreció a una empresa en el proceso contractual para la implementación de una nueva tecnología de disposición y tratamiento de residuos sólidos.
Cabe destacar que este caso tomó un giro inesperado en 2020, cuando la Fiscalía encontró pruebas que señalaban la intervención directa del exmandatario en la adjudicación del contrato de consultoría 096 de 2016 a Jorge Hernán Alarcón, uno de los actores clave en el proceso contractual. Estas pruebas han generado gran conmoción en la opinión pública y han revelado una presunta red de corrupción que involucra a altos funcionarios.
En octubre de 2021, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, por su presunta participación en los mismos hechos, lo cual evidencia la gravedad del caso y su relevancia a nivel nacional.
En el ámbito penal, el 30 de noviembre de 2021 se inició la audiencia preparatoria del juicio, en la cual se presentaron las pruebas recopiladas hasta ese momento.
Es importante destacar que, en medio de este panorama turbio, Rodolfo Hernández logró avanzar hasta la segunda vuelta presidencial y obtuvo más de 11 millones de votos. Sin embargo, posteriormente renunció a su cargo como Senador por el Estatuto de Oposición con el fin de evitar inhabilitarse en sus aspiraciones para las elecciones regionales. Esta decisión ha generado polémica y ha puesto en entredicho la legitimidad de su carrera política.
