Cuatro titulares de cartera no firmaron el Decreto 0639 de Petro, lo que desató cuestionamientos legales y amenazas de demanda por parte de la oposición.
El Decreto 0639 del 11 de junio de 2025 , mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó formalmente a una consulta popular, fue publicado al finalizar la jornada del miércoles. Aunque el acto administrativo cuenta con la firma del jefe de Estado y de varios ministros, cuatro carteras no fueron representadas por sus titulares en propiedad , lo que generó controversia política y jurídica. ( Además: Incendio destruye altar de apoyo a Miguel Uribe Turbay en Bogotá )
Según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, la expedición del decreto se realizó dentro del plazo legal establecido. Sin embargo, las ausencias de los ministros de Relaciones Exteriores, Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Justicia, abrieron espacio a cuestionamientos sobre la legitimidad y transparencia del proceso.
En ausencia de los titulares, funcionarios encargados firmaron en su nombre . Por el Ministerio de Relaciones Exteriores lo hizo la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio. En el caso de Minas y Energía, la rúbrica correspondió al presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano Sanín. Por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó Christian Díaz, director de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles. Finalmente, por Justicia actuó el ministro encargado Augusto Alfonso Ocampo, ya que Eduardo Montealegre aún no ha sido posesionado oficialmente.
Estas designaciones temporales han generado debate sobre si estos funcionarios estaban debidamente habilitados para avalar un acto de esta magnitud. La oposición argumenta que el uso de encargos podría afectar la validez del decreto ante futuras revisiones judiciales.
El caso Palma y las reacciones políticas
Uno de los casos más señalados es el del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Días antes del evento, el 7 de junio, respondió públicamente en X asegurando que no solo firmaría el decreto, sino que compartiría una fotografía de la firma. Su posterior ausencia generó críticas incluso entre sectores independientes.
Dirigentes del Centro Democrático anunciaron acciones legales contra el gobierno , afirmando que el acto estaría viciado por “falsa motivación” y una posible violación al artículo 104 de la Constitución Política, que regula los mecanismos de participación ciudadana.
El senador Miguel Uribe Turbay , quien días después sufrió un atentado, había anticipado estas denuncias en un video grabado previamente. En él expresaba su intención de presentar una querella penal contra los responsables de avalar el decreto, al considerarlo ilegal e irregular.
Denuncias por prevaricato y riesgo constitucional
El representante Christian Garcés indicó que se interpondrán denuncias por prevaricato contra quienes firmaron el decreto, afirmando que se habría incurrido en una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Por su parte, el representante Hernán Cadavid advirtió que la expedición del decreto representa una violación a la institucionalidad y afirmó que su partido está preparado para enfrentar las consecuencias legales.
Se espera que la Corte Constitucional sea llamada a pronunciarse sobre el tema, especialmente si se demuestra que los encargos ministeriales no contaban con facultades legales plenas para suscribir el documento. Además, universidades, organizaciones de la sociedad civil y congresistas de oposición ya anunciaron que también participarán en las acciones legales en curso.
Fuente informativa:- API
