La senadora del Centro Democrático denuncia que el Decreto 0572 de 2025 representa una "expropiación encubierta" y afecta sectores como minería, energía y gas sin aval legislativo.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que presentará una demanda de nulidad contra el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda. Este decreto modifica las tarifas de autorretención y retención en la fuente para sectores como el minero, de gas y energía, aumentando las cargas tributarias sin pasar por el Congreso de la República. ( Además: Pacto Histórico rechaza Reforma Laboral en el Senado )
Cabal calificó la medida como una “expropiación del capital empresarial” y una reforma tributaria encubierta, señalando que el gobierno de Gustavo Petro busca compensar déficits fiscales mediante una política que, según su criterio, “quebró el país” y carga la carga impositiva a los ciudadanos. “Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos”, afirmó en su cuenta de X.
El Decreto 0572 de 2025 entra en vigencia el 1 de junio de 2025 y establece un aumento en las tarifas de autorretención del impuesto de renta. Su objetivo es adelantar el recaudo correspondiente al año gravable 2026, con tarifas que en algunos casos alcanzan el 4,5%.
Rechazo de gremios empresariales
Afecta actividades económicas de sectores como el industrial, agropecuario, financiero, energético y de servicios. La medida busca fortalecer las arcas públicas, pero gremios como Fenalco y la ANDI han expresado oposición, argumentando que desfinancia al Estado en 2026 y compromete la estabilidad de empresas.
Organizaciones como Fenalco y la ANDI han criticado el decreto, considerándolo un mecanismo que empuja al endeudamiento a cientos de empresas y afecta la planeación fiscal. Señalan que la medida genera incertidumbre en el sector privado y podría desincentivar inversiones en sectores clave para la economía nacional.
Cabal respaldó estas críticas, destacando que el gobierno está tomando decisiones fiscales sin consultar al Legislativo: “Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República”, insistió.
Implicaciones y próximos pasos
La bancada del Centro Democrático espera que la Corte Constitucional evalúe la legalidad del decreto, mientras preparan una estrategia jurídica para demostrar su inconstitucionalidad. La senadora convocó al sector empresarial y ciudadano a movilizarse para rechazar lo que califica como una medida que “profundiza la crisis económica y afecta la competitividad”.
Este caso refleja la creciente tensión entre el gobierno nacional y sectores económicos, en un contexto de ajuste fiscal y debates sobre la distribución de la carga tributaria en Colombia.
- La Razón