El expresidente brasileño deberá pagar una compensación por daños morales tras ser condenado por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo.
El Tribunal de Justicia de Sao Paulo ratificó hoy la sentencia que impone al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) el pago de una indemnización por daños morales a los periodistas. La Cuarta Cámara de Derecho Privado del tribunal de segunda instancia confirmó en su totalidad la sentencia dictada por el juez 24 civil de Sao Paulo en junio de 2022, aunque redujo a la mitad el monto de la indemnización impuesta originalmente.
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La indemnización, inicialmente fijada en 100.000 reales (unos 20.000 dólares), fue reducida a 50.000 reales (unos 10.000 dólares) por el tribunal. Bolsonaro deberá depositar dicho monto en las cuentas del Fondo Regional de Defensa de los Derechos Difusos, destinado a acciones en defensa de la libertad de prensa.
El tribunal de segunda instancia acogió los argumentos presentados por el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo, que acusaron al exmandatario de cometer acoso moral contra los periodistas mediante constantes ataques a la prensa. La decisión judicial reconoció que Bolsonaro abusó de su derecho de libertad de expresión al ofender a la prensa, pese a las afirmaciones de su defensa de que los ataques estaban dirigidos a individuos específicos y no al gremio en su conjunto.
El sindicato denunciante sostiene que Bolsonaro “atentó contra la propia libertad de prensa y contra la democracia” al utilizar un lenguaje hostil, irrespetuoso y humillante, que incluía expresiones peyorativas, homofóbicas, xenófobas y misóginas. Según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, el expresidente protagonizó 557 agresiones a los medios y profesionales de comunicación en 2022, especialmente durante la campaña electoral en la que resultó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Esta condena representa un precedente importante en la lucha por el respeto a la libertad de prensa en Brasil y busca salvaguardar el ejercicio periodístico frente a ataques y acoso. La sentencia destaca la responsabilidad de los líderes políticos en el fomento de un clima propicio para el ejercicio libre y seguro del periodismo en una democracia.
