El gobierno de Nayib Bukele solicita extensión para mantener medidas drásticas en la lucha contra la violencia criminal, mientras organismos de derechos humanos expresan preocupación.
El gobierno liderado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha presentado una solicitud al Congreso para prorrogar una vez más el régimen de excepción que suspende derechos constitucionales. Esta medida, impulsada por la política de mano dura contra las maras o pandillas, busca hacer frente a la alta criminalidad en el país centroamericano.
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Con la décima cuarta extensión en juego, el gobierno pretende mantener en vigor este régimen que ha estado en marcha desde finales de marzo de 2022. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupaciones y denuncias por parte de organismos de derechos humanos, que cuestionan las implicaciones de esta estrategia.
Bajo este régimen, el gobierno salvadoreño ha implementado medidas drásticas para combatir a las pandillas, a las que se atribuye la mayoría de los crímenes en el país. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, al presentar la petición, afirmó: “Después de más de un año aplicando esta estrategia, podemos evidenciar los resultados que confirman que estamos en el camino correcto. Hemos devuelto a los salvadoreños la esperanza de vivir en paz y moverse libremente en el territorio”.
Aunque la solicitud se espera que sea aprobada en las próximas horas, el debate en torno a esta estrategia continúa. Las críticas no se han hecho esperar, y el presidente Bukele, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la muerte de un policía en un ataque atribuido a los pandilleros. Además, aprovechó la ocasión para criticar nuevamente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han cuestionado las políticas de seguridad implementadas por su gobierno.
Por su parte, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, reconoció el impacto positivo del régimen de excepción, pero hizo un llamado a las autoridades para evitar detenciones arbitrarias y revisar la situación jurídica de las personas detenidas sin vínculos criminales.
Las autoridades sostienen que las pandillas son responsables de la mayoría de los crímenes en El Salvador y atribuyen a la política de mano dura una mejora en las estadísticas de violencia criminal. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, acompañado por el ministro de la Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional, argumenta que el régimen de excepción es necesario debido a la falta de herramientas legales actuales.
A medida que El Salvador se debate entre medidas de mano dura y el respeto a los derechos humanos, la prolongación de este régimen de excepción sigue siendo un tema de controversia que genera discusión tanto a nivel nacional como internacional.
