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domingo, 22 diciembre, 2024

    Retrasos en el PAE del ICBF: Niños afectados en Urabá

    Imagen ilustrativa
    Foto :
    Procuraduría

    La Procuraduría investiga al ICBF por retrasos en el suministro del PAE en el Urabá antioqueño.

    La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por los retrasos que dejaron a más de 2.200 niños sin recibir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante una semana en el Urabá antioqueño.

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    La denuncia de estos hechos fue realizada por un periódico local, el cual señaló que "170 hogares comunitarios del ICBF estuvieron ocho días sin recibir paquete alimentario". Además, se informó que la asociación María Auxiliadora, operador encargado del contrato por valor de $5.300 millones otorgado por el ICBF, estaría buscando transferir dicho contrato a otro ente, lo que pone en duda su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

    El periódico detalló que la asociación tenía la responsabilidad de garantizar la alimentación de 936 niños en Apartadó, 845 en Chigorodó, 286 en Vigía del Fuerte, 65 en Murindó, 52 en Mutatá y 26 en Carepa hasta el 31 de octubre de este año. Sin embargo, las cuidadoras que trabajan para la asociación se declararon en paro debido a los retrasos en los pagos.

    Según el medio de comunicación, aunque la directora regional del ICBF reconoció el incumplimiento del contrato por parte del operador y manifestó su intención de dar por terminado el contrato, esta acción no es factible debido a cuestiones administrativas y jurídicas que podrían perjudicar la atención de los niños y las madres comunitarias.

    En respuesta a estos sucesos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó ha solicitado al ICBF un informe detallado sobre la ejecución del contrato suscrito con la Asociación María Auxiliadora. Dicho informe se considera como parte de las pruebas necesarias para abordar el caso y tomar las medidas correspondientes.

    Este nuevo caso de retrasos en la entrega del PAE pone de manifiesto la importancia de garantizar la adecuada gestión y supervisión de los contratos para asegurar la alimentación de los niños más vulnerables. La Procuraduría continuará investigando esta situación con el objetivo de esclarecer los hechos y tomar las acciones necesarias para evitar que se repitan en el futuro.

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