El presidente pidió a la Fiscalía evaluar incentivos para reclusos a cambio del cese de violencia, pero la entidad advierte limitaciones legales y ausencia de marco jurídico para negociaciones con bandas criminales.
Tras el evento en la plazoleta de La Alpujarra (Medellín) con jefes criminales, Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General visitar cárceles y revisar beneficios penitenciarios. El objetivo: lograr acuerdos que reduzcan la violencia en barrios vulnerables. "Acompañenme para que, mediante normas jurídicas, cesen los actos violentos", declaró. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que analizan la propuesta, aunque subrayó restricciones legales para modificar sentencias ejecutoriadas.
El Tiempo reveló que la Fiscalía carece de facultades para ofrecer beneficios jurídicos o revisar condenas firmes dictadas por jueces. Camargo señaló que solo podría explorarse un "proceso de sometimiento a la justicia" conforme a la ley, no acuerdos de paz. Este mecanismo ofrece incentivos limitados y requiere que los reclusos admitan delitos continuados desde prisión, como los cometidos por estructuras criminales de Medellín.
El principal obstáculo es la ausencia de un marco normativo para negociar con bandas. No existe proyecto de ley en el Congreso que regule incentivos a grupos delincuenciales, pese a diálogos en Buenaventura y Quibdó. Sin esta base, la Fiscalía solo podría gestionar órdenes de captura, especialmente contra disidencias FARC o ELN. Petro insiste en que los presos son "personas en rehabilitación" con derecho a reinserción, pero el ente acusador necesita herramientas legales concretas.
Evento que desató críticas
El encuentro en Medellín incluyó a nueve cabecillas recluidos en Itagüí, generando división de opiniones. Algunos sectores lo ven como búsqueda legítima de soluciones a la crisis de seguridad; otros, como legitimación de actores ilegales. Petro defendió la participación de los líderes criminales, argumentando que el Estado debe rehabilitar, no profundizar la criminalidad.
Durante el Consejo de Ministros (24 junio 2025), Petro afirmó: "Ningún preso pierde su condición humana. Aquí los volvemos más criminales". Esta postura humanista contrasta con críticas que señalan riesgos de impunidad. La Fiscalía mantiene cautela: cualquier avance dependerá de que el gobierno presente una iniciativa legislativa que habilite vías jurídicas para estos procesos excepcionales.
- infobae
