La Procuraduría profiere cargos por colaboración con grupo ilegal.
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la formulación de cargos contra William Moreno Terán, ex patrullero de la Estación de Policía de Chigorodó, Antioquia. Según las investigaciones, Moreno Terán habría acordado con el Grupo Armando Organizado (GAO) del Clan del Golfo, Subestructura "Carlos Vásquez", suministrar información sobre la presencia de la Fuerza Pública en la zona y los actos delictivos perpetrados por el grupo ilegal a cambio de beneficios económicos.
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De acuerdo con la Procuraduría, las pruebas recolectadas indican que Moreno Terán habría incurrido en una falta gravísima al colaborar con el grupo ilegal, permitiéndoles actuar impunemente y evitando su persecución por parte de las autoridades. La decisión de formular cargos se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría a raíz del testimonio rendido por alias "Otoniel", exjefe del Clan del Golfo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde mencionó la presunta colaboración de servidores públicos, incluyendo miembros de la Fuerza Pública, con el mencionado grupo armado.
Estos hechos generan gran preocupación debido a la gravedad de la acusación y la necesidad de garantizar la integridad y la transparencia en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. La colaboración de funcionarios públicos con grupos ilegales debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
La Procuraduría continuará con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Es fundamental que se apliquen las sanciones necesarias en caso de comprobarse la participación de Moreno Terán en actividades ilícitas que atentan contra la seguridad y la justicia en el país.
La lucha contra el crimen organizado requiere del compromiso y la honestidad de todos los servidores públicos. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar que individuos inescrupulosos aprovechen su posición para favorecer a grupos criminales. La sociedad espera que este caso se resuelva de manera ejemplar y que sirva como un llamado de atención para prevenir futuros actos de corrupción y complicidad con la delincuencia.
La colaboración entre el Estado, la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad es fundamental para garantizar la tranquilidad y el orden en nuestro país. No podemos permitir que unos pocos individuos manchen la honorabilidad de aquellos que, con valentía y dedicación, trabajan día a día para proteger y servir a la comunidad. La justicia debe prevalecer y los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus actos ilegales.
