El Inpec destinó 214 cupos en cárceles para quienes ya están condenados y pasaban su pena en centros transitorios en hacinamiento.
La precaria condición en materia de salud, alimentación e infraestructura de la población privada de la libertad en Colombia es un flagelo al que la Corte Constitucional le ha puesto la lupa desde hace un poco más de 20 años.
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Sin embargo, se robusteció aún más el año pasado cuando se declaró que había vulneración masiva de derechos en centros de detención transitoria. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, como presidente de la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, se puso al frente de la situación. El resultado fue el traslado a una cárcel de 214 presos condenados que estaban en estaciones.
Los traslados fueron producto de las inspecciones judiciales que Ibáñez se puso en la tarea de implementar desde hace un poco más de un mes.
En las visitas que realizó el propio magistrado a estaciones policía de Bosa, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme, entre otras localidades de Bogotá, halló que el hacinamiento supera el 200 %.
Encontró que hay un solo baño para más de 120 capturados, falta de atención en salud e, incluso, que algunos privados de la libertad deben pasar sus días de detención en un shut de basura que fue adecuado para ser recluidos allí porque en la celda destinada no cabían más personas.
Ibáñez, en medio de las inspecciones judiciales, resaltó que “la Corte Constitucional ha salido de su escritorio para conocer la realidad en el territorio”.
Reseñó que la Sala de Seguimiento debe garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y velar por la dignidad de quienes se encuentran en los centros de detención transitoria.
“El propósito de las inspecciones judiciales es comprobar en el terreno el cumplimiento o no de las órdenes de la Corte Constitucional y el respeto o la vulneración de los derechos humanos de la población privada de la libertad”, resaltó el magistrado.
