La Contraloría reveló que solo el 9,1% de las peticiones recibieron medidas de la Unidad Nacional de Protección.
La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial sobre la política de protección a personas y comunidades en riesgo.
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El informe muestra que entre 2019 y 2022 se radicaron 114.703 solicitudes de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, solo se evaluaron 39.299 casos y se asignaron medidas a 10.459, es decir, el 9,1% del total.
El estudio también determinó que el costo de las medidas de protección ascendió a 1,9 billones de pesos entre 2021 y 2022. El 63,5% del presupuesto ejecutado por la UNP se destinó al pago de escoltas y alquiler de vehículos. Los beneficiarios de las medidas fueron 8.014 personas, entre las que se destacan comunidades indígenas, afrocolombianas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, desmovilizados, alcaldes y congresistas.
La Contraloría señaló que hay grandes diferencias en el tipo y el costo de las medidas según el grupo poblacional. Los altos funcionarios del Estado tienen las medidas más costosas y duras, como vehículos blindados y escoltas. Los grupos que dependen de la valoración del riesgo de la UNP tienen las medidas más baratas y blandas, como equipos de comunicación y chalecos antibalas.
El informe encontró algunos grupos con alto riesgo extraordinario y extremo sobre su vida e integridad, como testigos, antiguos miembros de la Unión Patriótica, desmovilizados y profesionales que intervienen en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos. Estos grupos requieren mayor seguridad.
A nivel territorial, los departamentos con mayor proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo son Arauca, Guaviare, Nariño, Chocó y Cauca. Estas zonas registran los mayores niveles de amenaza y violencia por parte de grupos armados ilegales y la delincuencia común.
La Contraloría cuestionó el diseño institucional, la coordinación interinstitucional, los sistemas de información y la duración de los trámites para el otorgamiento de las medidas de protección. Además, llamó la atención sobre la violencia contra los defensores y líderes sociales, que dejó 854 asesinatos entre 2019 y 2022.
