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miércoles, 21 mayo, 2025

    Imputan a Carlos Ramón González por corrupción en UNGRD

    Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre y exjefe de la DNI.
    Foto :
    Presidencia de la República

    La Fiscalía General de la Nación imputó tres graves delitos a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y la DNI, por el caso UNGRD.

    La Fiscalía General de la Nación imputó este miércoles a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) motivó la acción judicial. ( Además: Coronel William Morales, nuevo comandante de Policía en el Cesar )

    La Fiscalía le imputó tres delitos específicos. Estos son: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros agravado y lavado de activos.

    Según el ente acusador, González actuó bajo la modalidad de dolo. Esto significa con conocimiento y voluntad de participar en las conductas punibles.

    La Fiscalía enmarca el proceso judicial en la investigación por presuntos actos de corrupción en la UNGRD. Estos involucrarían direccionamiento de recursos públicos, irregularidades contractuales y pagos indebidos.

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    Según el fiscal del caso, la Fiscalía vincula a González junto a otros exfuncionarios del gobierno. Entre ellos figuran Sandra Ortiz, exconsejera presidencial; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y Sneyder Pinilla, exsubdirector.

    Posibles penas y beneficios legales

    Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía indicó que el delito base es el peculado por apropiación agravado. Su sanción oscila entre 144 y 407 meses de prisión, es decir, hasta 30 años.

    La pena aumentaría si la apropiación supera los 200 salarios mínimos, según el Código Penal. La ley también incluye sanciones por cohecho y lavado de activos, además de multas e inhabilidades.

    El fiscal explicó que González tiene la posibilidad de aceptar los cargos. Esto podría darle acceso a beneficios judiciales establecidos por la ley, como rebajas en la pena.

    Fuente informativa:
    • La Razón


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