El juez 74 de control de garantías decidió la situación jurídica de Nicolás Petro y Day Vásquez, acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Después de una larga audiencia que se extendió hasta la medianoche del jueves, el juez 74 penal municipal con función de control de garantías definió la situación jurídica de Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez Castro, capturados el pasado sábado en Barranquilla.
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El juez decidió imponer medida de aseguramiento domiciliaria al hijo del presidente Gustavo Petro y diputado a la Asamblea del Atlántico, quien es procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Asimismo, concedió la libertad a su esposa Day Vásquez, con la condición de presentarse periódicamente a la Fiscalía y cuando lo requiera.
La decisión se basó en las pruebas presentadas por el fiscal Mario Burgos, quien expuso contratos de arrendamiento, reportes de las centrales de riesgo financiero Sigin y Datacrédito, compras en Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera, audios, chats y estados financieros de Nicolás Petro.
Según el ente acusador, Nicolás Petro habría recibido millonarias sumas de dinero provenientes de actos de corrupción, como contratos irregulares en el Meta y Cundinamarca, así como aportes ilegales a la campaña presidencial de su padre en 2022.
Entre los nombres que mencionó el fiscal están Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, Alfonso Hilsaca, conocido como el Turco, Mussa Besaile, Euclides Torres, Gabriel de la Ossa y Máximo Noriega.
Además, el fiscal reveló que Nicolás Petro habría usado su influencia para conseguir nombramientos y contratos para sus allegados en entidades como el DPS, el Ministerio del Interior, la Dian y el Ministerio del Trabajo. Incluso habría enviado la hoja de vida de quien fuera su mejor amiga y hoy es su pareja sentimental a Alfonso Prada, exministro del Interior.
Por su parte, Day Vásquez también habría participado en el lavado de activos al realizar compras suntuarias con tarjetas de crédito a nombre de terceros y al figurar como socia o representante legal de varias empresas fachada.
Tanto Nicolás Petro como Day Vásquez reconocieron ante el juez algunas de las conductas que les imputa la Fiscalía y anunciaron su disposición a colaborar con la justicia. Sin embargo, negaron tener vínculos con grupos ilegales o haber cometido delitos graves.
La defensa de los procesados argumentó que no hay riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia y que se trata de una persecución política contra el presidente Petro. Asimismo, cuestionó la validez y la veracidad de algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
El juez escuchó también a la delegada del Ministerio Público, quien se pronunció respecto a la privación de la libertad y el lugar donde esta se efectuará.
El caso de Nicolás Petro ha generado gran expectativa en el país por las graves acusaciones que pesan sobre él y su esposa y las implicaciones políticas que tiene para el mandatario. El presidente Petro ha manifestado su respaldo a su hijo y ha denunciado una conspiración en su contra. Sin embargo, también ha dicho que respeta la independencia judicial y que acatará lo que decida el juez.
