Luis Carlos Reyes reveló ante la Corte Suprema presiones para designar funcionarios en puntos críticos de contrabando; cinco legisladores destacados en su testimonio cuestionan las acusaciones.
El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema durante 12 horas, exponiendo presuntas redes de clientelismo. Según su declaración, 35 congresistas gestionaron nombramientos en aduanas estratégicas como Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. ( Además: Petro pide beneficios carcelarios y desata debate jurídico )
Reyes documentó estas presiones mediante una bitácora elaborada con sus asesoras, destacando cinco casos por su insistencia o nivel de cargos solicitados. "Recibí múltiples solicitudes para designar allegados políticos", afirmó el exfuncionario.
Los cinco señalados y sus presiones
- Armando Benedetti (Ministro del Interior): Habría pedido ubicar personas en aduanas de Barranquilla y Cartagena, incluso en reuniones con su suegra y Nicolás Petro.
- Roy Barreras (exsenador): Promovió nombramientos en Buenaventura y Cali; entregó hojas de vida en sobres con una frase interpretada como advertencia: "Imagínese lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas".
- Efraín Cepeda (Presidente del Senado): Solicitó directamente el cargo de Bladimir Atencio Meza en Cartagena, petición rechazada por Reyes.
- Jairo Castellanos (Alianza Verde): Exigió control de la aduana de Cúcuta; tras negativa, impulsó moción de censura y recorte presupuestal de $200.000 millones a la Dian.
- Olga Lucía Velásquez (Representante): Su asesora recomendó a Jhon Fredy Restrepo para Cartagena, aunque negó insistencia posterior.
Todos los congresistas implicados rechazaron las acusaciones. Velásquez afirmó no tener injerencia en cargos, mientras otros calificaron los señalamientos como infundados. Reyes reveló que el presidente Petro conocía estas gestiones y lo respaldó para no ceder. "Documenté cada presión para evitar clientelismo", declaró. Esta postura le generó amenazas, campañas mediáticas en su contra y represalias legislativas, incluyendo el recorte presupuestal impulsado por Castellanos.
Consecuencias institucionales
La asesora María Alexandra Rizo elaboró un documento detallando los puntos críticos donde se solicitaban nombramientos: puertos y fronteras con alta incidencia de contrabando (Buenaventura, Cúcuta). La bitácora, entregada a la Corte, vincula estas designaciones con posibles filtraciones de mercancía ilegal. Reyes advirtió que las redes clientelistas "debilitan el control fiscal y favorecen el contrabando", especialmente en zonas donde la Dian requiere autonomía operativa.
El testimonio expone vulnerabilidades sistémicas: las aduanas son usadas como moneda de cambio político. Reyes vetó todos los nombres recomendados para proteger la institución, pero denunció que la práctica persiste. La Fiscalía analiza si estas gestiones configuran delitos de cohecho o tráfico de influencias. Mientras tanto, el caso revela cómo las presiones transversales –incluso de aliados del gobierno– obstaculizan la lucha contra economías ilícitas desde entidades estratégicas.
Fuente informativa:- API
