La banda criminal contrató a un grupo de abogados para iniciar el proceso, pero no quiere que lo metan “en una misma bolsa con bandas de barrio o de comunas”.
El camino que busca recorrer la iniciativa del presidente Gustavo Petro para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales es cada vez más culebrero. Ahora resulta que el grupo narcotraficante ‘Clan del Golfo’ —que también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) con la pretensión de darse un carácter político— no quiere que lo igualen con otras organizaciones dedicadas a la misma actividad delictiva, pero más pequeñas.
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Guardando las proporciones, el ‘Clan del Golfo’ está haciendo exigencias similares a las del Eln, este sí un grupo con carácter político (con el cual el Gobierno de Gustavo Petro adelanta conversaciones para lograr su desmovilización), que también le reclama al Gobierno que no lo meta en el mismo costal con las bandas criminales. Todas estas circunstancias enrarecen el propósito de Petro de alcanzar su “paz total”.
En las últimas horas trascendió que el ‘Clan del Golfo’ contrató un grupo de abogados para que represente a esa organización criminal en los acercamientos con el Gobierno.
“Después de un consenso unificado entre el estado mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y, por ende, conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)”, informó la banda en un comunicado.
El abogado Ricardo Giraldo, que fue delegado por el ‘Clan del Golfo’ como vocero en el proceso de negociación con el Gobierno, advirtió que ese grupo no se someterá a la ley. “Estas personas han manifestado que, si es con esos criterios jurídicos que están expresados en esa ley de sujeción, pues ellos no lo van a hacer. Sería absurdo que ellos aceptaran una sujeción en esos términos”, dijo el jurista en Noticias Uno.
“¿Qué van a hacer donde manden 9.000 hombres en armas, se desmovilicen o se sometan a la justicia? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Dónde los van a meter? ¿Qué va a pasar con los territorios que ellos ocupan, con los más de 322 municipios donde hacen presencia?”, preguntó Giraldo en ese informativo, y advirtió que “si va a haber una ‘paz total’, que sea una paz seria, con fundamentos jurídicos, con una seguridad jurídica clara”.
Giraldo espera reunirse con el comisionado de paz, Danilo Rueda, pues no es posible con los cabecillas del ‘Clan del Golfo’, a quienes la Fiscalía no les levantó las órdenes de captura. De hecho, el fiscal general Francisco Barbosa es uno de los grandes escollos que debe superar este proyecto de ley que ni siquiera ha sido radicado en el Congreso.
‘Clan del Golfo’ no quiere que lo igualen con otras bandas
Según Giraldo, el poder que les entregó a él y a otros juristas el ‘Clan del Golfo’ — firmado por José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’; alias ‘Rodrigo’ y otros jefes criminales más—“es la respuesta a la solicitud del Gobierno de las Agc den muestra de su voluntad de paz”.
En el proyecto de ley “no hay una línea clara de lo que el Gobierno quiere ofrecer a estas estructuras y más con un ejército de las dimensiones e influencia de las Agc”, dijo Giraldo en El Tiempo.
“Este articulado es completamente absurdo”, añadió el jurista en el mismo medio. “No refleja la realidad de las Agc. Ese borrador, que no sabemos en qué va a terminar, no refleja las condiciones jurídicas en las que ellos estarían dispuestos a entrar a una negociación. Esa ley es una mala copia de la 1908 de 2018, que se llamaba ‘Ley de sometimiento’, que no sometió a ningún grupo”.
Las afirmaciones de Giraldo, que hacen ver muy lejos un arreglo del ‘Clan del Golfo’ con la justicia, continuaron de esta manera: “No le sirve a nadie. Es una ley estratificada dentro de los diferentes grupos. Mis clientes están de acuerdo con ese análisis político. Los quiere asemejar o meter en una misma bolsa con bandas de barrio o de comunas. Ellos son una estructura grande, con un ejército de cerca de 9.000 hombres”.
Y son aún más desalentadoras cuando se refiere a la ya muy criticada actitud de Petro de no despegarse de Twitter. “Lo que me ha manifestado el estado mayor es que sí quieren hacer la paz, pero que sea una paz con seriedad, con criterios jurídicos y seguridad jurídica clara. Pero, por supuesto, que se la juegan por la paz. Lo único que se ha hecho es gobernar por Twitter y no se conoce el marco jurídico. No hay nada claro”.
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