Diálogos en la prisión de Itagüí buscan sacar a más de 14.000 individuos de la ilegalidad
En un movimiento sin precedentes, el próximo viernes se dará inicio a las esperadas negociaciones entre grupos delictivos de Medellín y el Gobierno Petro. Los decretos que designan a los representantes de ambas partes ya se encuentran preparados, en un intento por impulsar la salida de al menos 14.000 individuos del ámbito criminal hacia la legalidad.
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A pesar del hermetismo que ha rodeado este tema debido a su alta sensibilidad y las implicaciones directas para la seguridad de la región, todo está listo para que se establezca formalmente una mesa de diálogo entre los delegados de los grupos delictivos del Valle de Aburrá y el Gobierno de Gustavo Petro.
Los decretos conteniendo los nombres de los representantes de ambas partes, incluyendo a personas tanto detenidas como en libertad, y que mantienen canales de comunicación con los líderes de estos grupos, están a punto de ser firmados por la Casa de Nariño. Esto proporcionará una base legal para la iniciativa de transición de al menos 14.000 individuos fuera del ámbito criminal.
Estos acercamientos, bajo la denominación de ‘Paz Total’, tienen como epicentro la prisión de alta seguridad de Itagüí. En este lugar, el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha sostenido encuentros directos con los líderes de los grupos delictivos del Aburrá. Aunque encarcelados, estos líderes mantienen una influencia directa en las operaciones ilegales de los grupos.
Se espera que este viernes 2 de junio se formalice la mesa de diálogo en la prisión de Itagüí, marcando el inicio de las conversaciones que podrían permitir que estos grupos transiten hacia la legalidad.
El Comisionado de Paz, Rueda, reveló que actualmente tienen comunicación en una fase de acercamiento con aproximadamente el 90% de los grupos delictivos. Aunque se busca llegar al 100%, se está dispuesto a iniciar la segunda fase de las conversaciones socio-jurídicas en caso de no alcanzarlo. Rueda enfatizó que aquellos individuos trasladados de otras prisiones, como sucedió en Itagüí, son personas con sentencia y representan a aquellos que aún están activos. Cometer nuevos delitos implicaría incurrir en una nueva ilegalidad, y es vital comprender esta distinción para evitar respaldar el delito y a sus autores.
Un factor clave en este proceso es el cese de hostilidades declarado por los grupos delictivos desde la prisión de La Paz en Itagüí, involucrando a influyentes organizaciones como La Oficina y Los Pachelly.
