Entidad abre procesos por la práctica en niñas indígenas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha abierto 12 procesos administrativos de restablecimiento de derechos y está verificando otros 4 casos por la práctica de ablación genital en Risaralda y Chocó, después de que 10 casos de niñas víctimas de esta práctica fueran denunciados en los últimos días.
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Colombia es el único país en América Latina donde aún se practica en algunas comunidades indígenas, especialmente en bebés de apenas meses de nacidas.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al ICBF un reporte con las acciones para combatir y prevenir esta problemática.
Esta es una práctica nociva que no tiene ninguna condición médica para que se dé y, por lo tanto, lesiona a las niñas en sus genitales, según Ximena Norato, directora de la Agencia de Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación (Pandi).
La situación es tan compleja que el subregistro supera ampliamente las cifras oficiales, según expertos.
La ablación genital femenina es considerada una forma de violencia sexual por el ICBF, lo que implica una vulneración flagrante a los derechos humanos de las niñas indígenas, tal y como aseguró Adriana Velásquez, subdirectora general del ICBF.
Los expertos indican que esta práctica no es ancestral de algunas comunidades indígenas del país, sino que fue adoptada por la herencia africana. Por ello, varios miembros de estas comunidades luchan por abolirla.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ha pedido a las autoridades competentes que tomen medidas contundentes para prevenir y erradicar esta problemática. "Se le solicitó al ICBF y a la Gobernación que nos hiciera una información completa. Estamos pendientes de recibir toda la información para efectos de tomar los trabajos respectivos", dijo Cabello.
Es importante mencionar que, aunque se han hecho algunos esfuerzos para erradicar esta práctica, todavía existe una falta de recursos, conocimiento y educación en algunas comunidades para comprender la gravedad de esta situación.
Es necesario un trabajo conjunto y sostenido de las autoridades y las comunidades para erradicar esta problemática y garantizar los derechos de las niñas y mujeres indígenas.
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