El funcionario denuncia una alta prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años en el departamento.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, interpuso una acción de tutela para proteger los derechos de la niñez en el departamento del Vichada.
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La medida fue tomada luego de que se evidenciara una alta prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años en el departamento.
Entre enero y junio de este año, se notificaron 167 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en el Vichada. Esto representa una prevalencia de 1,32 por cada 100 infantes en ese rango de edad.
A ello se suman tres muertes por desnutrición y causas asociadas también en menores de 5 años. Esto corresponde a una tasa de mortalidad de 14,1 por cada 100.000 infantes de esa edad.
“Las autoridades nacionales, departamentales y locales deben ejecutar acciones urgentes que garanticen el suministro de alimentos, complementos y medicamentos para que niñas y niños y sus familias tengan una nutrición adecuada”, indicó Carlos Camargo Assis.
Una misión humanitaria de la Defensoría evidenció graves problemas de nutrición en la población infantil de algunas comunidades indígenas, en especial, de menores de cinco años del pueblo Sikuani. Cuando los funcionarios de la entidad hacían la verificación en terreno, un menor de dos años falleció por causas asociadas a desnutrición.
“También estamos solicitando, con la acción de tutela, la coordinación de acciones inmediatas para implementar y ejecutar a corto, mediano y largo plazo una política de seguridad alimentaria sostenible, eficaz y duradera con un enfoque diferencial étnico, que favorezca a las comunidades dispersas, entre otras medidas”, dijo el Defensor del Pueblo.
Durante la visita del equipo en el territorio fue evidenciado que el porcentaje de aseguramiento es bajo para los indicadores mínimos del sector salud; es decir, la población de Cumaribo no está afiliada al sistema de atención en salud.
Adicionalmente, se logró identificar que la IPS indígena no realiza jornadas descentralizadas que garanticen la atención en salud de los 40 resguardos ubicados en las zonas más alejadas del casco urbano, ni ejecuta jornadas de vacunación a tiempo.
Así mismo, el municipio no cuenta con un Centro de Recuperación Nutricional y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) presenta problemas de suministro de agua potable y entrega de alimentos en mal estado.
“Las dificultades de acceso y disponibilidad de alimentos, bajo peso al nacer, embarazo adolescente, la extensión territorial y la baja cobertura en el aseguramiento y acceso a los servicios de salud ha derivado, lamentablemente, en el aumento de los casos de desnutrición”, aseguró Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilando que las obligaciones legales y constitucionales en materia de garantía de derechos de la niñez sean cumplidas por todos los entes competentes.
“No puede haber lugar a violaciones de los derechos fundamentales de los menores de edad en nuestro país”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
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