La intervención de la agencia de vigilancia se produce después de que no se ejecutara el proyecto para proporcionar computadoras portátiles a los estudiantes durante la pandemia de COVID-19.
La Fiscalía General de la República ha obligado al gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a liberar más de $3,970 millones en regalías no gastadas.
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El dinero se destinó originalmente a un proyecto de compra y entrega de dispositivos tecnológicos (laptops y tablets) a 3.158 alumnos de cinco escuelas del archipiélago durante la pandemia del COVID-19.
La Fiscalía intervino luego de constatar que el proyecto no había sido ejecutado, y que había al menos otros cuatro proyectos con el mismo objeto que ya habían sido ejecutados.
El organismo de control también encontró que el gobierno había tratado de cambiar el propósito del proyecto para justificar su existencia continua, a pesar de que las necesidades que lo motivaron en 2020 ya no existían.
En una carta al gobierno, la Procuraduría General de la República advirtió que “el proyecto de inversión fue formulado y aprobado con el fin de dotar a las entidades territoriales de mecanismos que les permitieran atender con urgencia y rapidez las necesidades generadas por la emergencia del COVID-19, que terminó el 30 de junio de 2022″.
La dependencia también señaló que “si el proyecto de inversión se ejecutara en actividades distintas a la dotación de computadores y la conectividad de las instituciones educativas seleccionadas, se estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para cumplir con el alcance definido”. en la formulación del proyecto de inversión”.
En respuesta a la Procuraduría General de la República, el gobierno de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acordó liberar las regalías no gastadas. El dinero ahora se utilizará para financiar otros proyectos que beneficien a la gente del archipiélago.
Este caso es una victoria para el estado de derecho y para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demuestra que la Oficina del Fiscal General está comprometida a garantizar que los recursos públicos se utilicen para el propósito previsto y que el gobierno rinda cuentas por sus acciones.
La Procuraduría General de la República es una agencia de vigilancia que se encarga de garantizar que el gobierno cumpla con la ley.
La agencia tiene una serie de poderes, incluida la capacidad de investigar denuncias de corrupción y presentar cargos penales contra funcionarios del gobierno.
El caso de las regalías no gastadas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un recordatorio de que la Procuraduría General de la República está comprometida a responsabilizar al gobierno por sus acciones.
La intervención de la agencia en este caso aseguró que el dinero se utilizara para el fin previsto y que los habitantes del archipiélago no se vieran privados de los beneficios a los que tenían derecho.
