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domingo, 21 abril, 2024

    Procuraduría investiga a exalcaldes por fallas y sobrecostos

    Lo que se constituía en fuente de recreación para niños y familias terminó en un lío millonario.
    Foto :
    Twitter de @ALEJOMICHELLS

    Los exmandatarios habrían incurrido en sobrecostos y modificaciones indebidas en la adecuación de 15 parques en la ciudad.

    La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015) y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019), y al exgerente de Infraestructura de la ciudad, Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), por presuntas irregularidades en la adecuación de 15 parques en la ciudad1.

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    Según el órgano de control, los exmandatarios habrían incurrido en sobrecostos y modificaciones indebidas en el contrato de obra, que pasó de 7.923 millones de pesos a 13.476 millones de pesos.

    Caicedo habría cambiado el objeto del contrato

    El entonces alcalde Caicedo Omar es investigado porque al parecer habría celebrado un adicional al contrato de obra, en el que modificó aparentemente de manera irregular el objeto de este y obvió los estudios previos necesarios2.

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    Por esa conducta, pudo infringir los principios de economía, planeación, transparencia y responsabilidad, al suscribir el documento sin los estudios previos suficientes que permitieran demarcar el objeto de los trabajos a realizar3.

    Martínez y Rodríguez habrían incrementado el valor del contrato

    Por su parte el exalcalde Martínez y Rodríguez Peña, este último en su condición de supervisor, habrían suscrito una segunda adición por 1.937 millones de pesos, con lo que incrementaron el valor inicial de las obras por encima del 50 %, sobrepasando el límite máximo fijado por la ley para adicionar el valor de un contrato4.

    La Procuraduría calificó la presunta conducta de Carlos Eduardo Caicedo Omar como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, y la de Rafael Alejandro Martínez y Sánder Alfonso Rodríguez Peña como una falta grave a título de culpa gravísima5.

    Los implicados podrán solicitar ser escuchados en audiencia pública y ejercer su derecho a la defensa. De ser hallados responsables, podrían enfrentar sanciones disciplinarias como destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

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