Tres de las muertes se han registrado en menos de una semana. Autoridades se van a paro.
En lo que va corrido del año, cuatro menores wayú han muerto por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira, los casos se han registrado en Riohacha, Manaure y Uribia, tres de ellos en menos de una semana.
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El último, es el de una menor de 20 meses de nacida, reportado este lunes en una comunidad indígena en jurisdicción del municipio de Manaure.
Autoridades indígenas se van a paro
La muerte de 85 menores wayús reportados por el INS en 2022 ha sido la más alta en los últimos 12 años, por lo que las autoridades indígenas luego de tres días de asambleas permanentes decidieron irse a las vías de hecho y ejercer la protesta social de forma indefinida a partir del 23 de enero.
Rojas señala que de cada 10 niños que hay en las comunidades, nueve de ellos sufren de desnutrición, por lo que se estima que existe un subregistro grande de menores muertos que no se reportan.
“Toman la decisión para hacer el llamado de atención al Gobierno nacional y a la comunidad internacional sobre el genocidio que se está cometiendo en contra de los niños, lo que conlleva a un exterminio físico y cultural de nuestro pueblo wayú”, indicó Javier Rojas, presidente de la Asociación Shipia Wayú y sujeto procesal en la sentencia de la Corte Constitucional T-302 de 2017.
Explica, que las autoridades buscan tener un diálogo directo, con el presidente Gustavo Petro Urrego, que permita desarrollar acciones inmediatas y de fondo para la ejecución y cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Lo que da muestra, de que los indígenas se cansaron de estar de reunión en reunión y de contar a sus muertos, sin que se tomen acciones por parte del Gobierno para frenar las muertes de los niños y para cumplir con la sentencia.
“Lo cual deberá estar acompañado de recursos hacia la atención de los niños y las acciones inmediatas en territorio y no los anuncios de intervención”, indicó Rojas.
Para esto, debe haber una inyección de recursos del Estado, puesto que los que se han planteado son irrisorios, teniendo en cuenta la gran necesidad que hay en las comunidades indígenas, por tratarse de un problema estructural.
Aunque han visto la disposición y voluntad del presidente Petro para cumplir con la sentencia, señalan que esta misma no se ve reflejada en los funcionarios de las entidades accionadas dentro de la sentencia.
Piden atención en salud desde el enfoque wayú, agua con toda la asistencia técnica con el acompañamiento de las comunidades y soberanía alimentaria con la garantía de recursos y de cómo se va a realizar en el marco de la emergencia humanitaria.
Esta nota la puede encontrar en eltiempo.com / Eliana Mejía Ospino
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