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sábado, 19 abril, 2025

    Inseguridad en Barranquilla por presos con casa por cárcel

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    El tiempo / Cortes

    Un estudio de la Personería revela que hay entre 7.000 y 8.000 personas que deberían estar recluidas pero que siguen delinquiendo en las calles.

    La ciudad de Barranquilla enfrenta un grave problema de inseguridad por culpa de los presos con casa por cárcel. Así lo denunció el personero distrital, Miguel Ángel Alzate, quien calificó de “escandalosa” la cifra de personas que se benefician de esta medida pero que no la cumplen.

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    Según un estudio de la Personería, hay entre 7.000 y 8.000 personas que están privadas de la libertad de manera domiciliaria, pero que son vigiladas por solo 10 o 15 funcionarios del Inpec. Esto implica que no hay un control efectivo sobre estas personas, que pueden salir de sus casas y seguir cometiendo delitos.

    Delitos en aumento

    El personero Alzate señaló que esta situación afecta la seguridad de la ciudad, donde han aumentado los delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto. Estas cifras fueron confirmadas el pasado viernes por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien visitó la capital del Atlántico.

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    En muchas ocasiones, se han reportado casos de capturas de personas que tenían casa por cárcel, pero que fueron sorprendidas en flagrancia. Por ejemplo, el pasado 12 de enero, la Policía capturó a Alejandro Peláez Villarreal, de 26 años, quien acababa de disparar contra un establecimiento comercial en el barrio San Nicolás. El hombre llevaba un brazalete de prisión domiciliaria y tenía cuatro anotaciones judiciales por diversos delitos.

    Hacinamiento carcelario

    El personero Alzate también hizo un llamado al Inpec para que se ponga en funcionamiento el pabellón que se inauguró en abril de 2022 en la Penitenciaría de El Bosque, que tiene capacidad para más de 500 reclusos. Según dijo, esta obra podría aliviar el hacinamiento carcelario, que es del 51 por ciento en Barranquilla, y evitar que se siga “dinamizando” el delito de la extorsión desde las cárceles.

    El pabellón, que costó cerca de 26.000 millones de pesos, aún no funciona por falta de personal y de dotación.

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