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viernes, 18 octubre, 2024

    Fiscalía General de Colombia judicializa a 208 personas por actos de corrupción en Sucre y Córdoba

    Fiscalía General
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    Captura video.

    Alcaldes, exalcaldes, contratistas y un fiscal se encuentran entre los investigados en la lucha contra la corrupción.

    La Fiscalía General de la Nación, encabezada por Francisco Barbosa, ha llevado a cabo una estrategia investigativa contra la corrupción en los departamentos de Sucre y Córdoba. En total, se han judicializado a 208 personas, incluyendo alcaldes, exalcaldes, contratistas, un fiscal y servidores públicos.

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    De estas cifras, 51 corresponden a Córdoba y 157 a Sucre, abarcando el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

    En su visita a Montería, Barbosa inauguró un Punto de Atención de la Fiscalía en el municipio de Canaletes. Este centro brindará una amplia gama de servicios a aproximadamente 24.000 personas, ofreciendo orientación a las víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, hurto, maltrato animal y otras conductas delictivas.

    Durante la reunión en Montería, junto a la vicefiscal General Martha Janeth Mancera y otros funcionarios, se establecieron los mecanismos para impulsar las investigaciones relacionadas con irregularidades en la contratación y desviación de recursos.

    Barbosa enfatizó en la lucha contra la corrupción y destacó los resultados concretos obtenidos por la Fiscalía. Su compromiso es continuar generando resultados en las ciudades, las calles, las veredas y en todo el territorio del país durante los próximos cuatro años.

    Las investigaciones llevadas a cabo revelaron que en el caso de Córdoba hay 8 alcaldes, 1 fiscal, 28 funcionarios y 2 contratistas procesados. En Sucre, se investiga a 30 servidores públicos, 14 contratistas, 4 exalcaldes y 6 alcaldes.

    La Fiscalía ha centrado su atención en contratos que no cumplen con los requisitos legales, la apropiación indebida de fondos públicos en beneficio personal o de terceros, así como en el ofrecimiento o pago de sobornos para que los servidores públicos se aparten de sus funciones o incurran en actos indebidos, entre otros delitos relacionados con la corrupción.

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