La falta de contratación y asignación de recursos pone en riesgo la alimentación de miles de estudiantes en La Guajira.
La Contraloría General de la República está llevando a cabo un seguimiento especial al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país. En el caso específico de La Guajira, se ha identificado que alrededor de 122.653 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de las zonas más vulnerables están en riesgo de no recibir los beneficios del PAE durante el segundo semestre del calendario académico.
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Según la Contraloría, en la Entidad Territorial Certificada (ETC) La Guajira, se ha detectado un incumplimiento a los principios de planeación, lo que ha resultado en la falta de contratación de 87 días de los 180 días del calendario escolar. Esto pone en riesgo la prestación del servicio para más de 81.479 estudiantes, ya que la ETC no ha asignado más de $14.000 millones necesarios para el programa. Además, más de 2.300 millones de saldos de la vigencia anterior no se han ejecutado hasta la fecha.
La población indígena se vería especialmente afectada, ya que el 58% de los beneficiarios de esta ETC son niños, niñas y adolescentes indígenas, y si no se logran las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del programa en esta vigencia, serían afectados un total de 30.035 estudiantes indígenas.
En cuanto a los operadores del PAE, se ha identificado que tres de los 17 operadores seleccionados al finalizar el primer semestre se encuentran en proceso de legalización de contratos y dos están en trámites administrativos y subsanación de documentación. Esto ha llevado a que 4.349 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no hayan recibido alimentos en lo que va del año 2023.
La ETC de Riohacha inició la operación del PAE el 7 de febrero de 2023, con un plazo de ejecución de 86 días escolares y la garantía de la operación para 41.174 beneficiarios, pero solo hasta el primer semestre del calendario.
La Contraloría ha enfatizado que las ETC tienen la obligación de agotar los procesos de contratación necesarios para la implementación del PAE y prevenir suspensiones en las entregas durante todo el calendario escolar, siguiendo el enfoque diferencial establecido en la sentencia T-475 de 2016 de la Corte Constitucional.
La Contraloría continuará realizando visitas permanentes a las ETC de La Guajira y a las instituciones educativas donde se ejecuta el programa, recolectando información a través de un cuestionario in situ y fortaleciendo el control social en el territorio. También se realizará un seguimiento a los recursos públicos del programa para garantizar su correcta ejecución y que los complementos alimenticios lleguen a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
