Empresario Augusto Rico denuncia secuestro y pérdida de su ecohotel con presunto respaldo paramilitar.
El abogado y empresario ambientalista Augusto César Rico ha denunciado públicamente la toma forzosa de su hotel ecológico, Ecohabs Bamboo Tayrona, ubicado en la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona. Rico asegura que su socio minoritario, con el presunto respaldo de estructuras criminales, ha asumido el control del establecimiento. A pesar de múltiples denuncias, las autoridades judiciales e institucionales no han actuado. ( Además: "Mi Tierra Bonita": Joseíto Martínez lanza nuevo himno salsero )
Según Rico, el hotel está siendo operado ilegalmente desde el pasado sábado 14 de junio por personas ajenas a su equipo de empleados. Estas personas usan una nueva razón social sin autorización ni registro de turismo para comercializar el establecimiento. A pesar de ello, ofrecen reservas a través de plataformas como Booking.com bajo el nombre "Unique Tayrona".
La situación se agrava este lunes, día en que el Parque Nacional Natural Tayrona reabre sus puertas tras su cierre anual. "Turistas extranjeros con reservas confirmadas desde hace meses a nombre de Bamboo Tayrona llegarán al hotel sin saber que se encuentra en manos de personas diferentes, en una situación que podría constituir un fraude y poner en riesgo su integridad", afirmó el empresario.
El conflicto, según Rico García, se inició en febrero de 2025. Fue contactado por su socio minoritario, Robinson Jesús Méndez Mendoza, quien le presentó a un presunto jefe paramilitar. A partir de ese momento, comenzaron amenazas sistemáticas. En abril, el abogado y cinco empleados fueron retenidos contra su voluntad, presionados y obligados a firmar documentos bajo coacción.
Omisión de autoridades y un llamado desesperado
La denuncia del secuestro fue radicada en la Fiscalía, acompañada de audios, testimonios y evidencias. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha producido ninguna captura. Augusto Rico, quien posee el 70% de la sociedad registrada legalmente, asegura que la toma del hotel fue premeditada y ejecutada con violencia. Desde el día del secuestro, ha permanecido desplazado de Santa Marta, sin poder regresar a su hotel por múltiples amenazas y la presencia de personas extrañas indagando por su paradero. La familia y los empleados también están en riesgo.
El defensor de derechos humanos José Humberto Torres se pronunció sobre el caso. Afirmó que la privación de la libertad con fines extorsivos constituye un secuestro y que las autoridades deben actuar de inmediato. Torres hizo un llamado directo al alcalde de Santa Marta, al comandante de la Policía Metropolitana y al director general de la Policía Nacional, señalando que la vida del empresario está en peligro y que no se puede seguir encubriendo a los responsables.
Según el comunicado de Rico, las autoridades en Santa Marta, incluyendo al alcalde, han negado el secuestro. "Dijeron que el secuestro fue una reunión de socios y que no era un secuestro, revictimizando brutalmente a Augusto y a los cinco empleados secuestrados, convirtiéndose en cómplices directos y negando la realidad de las víctimas". Mientras la Fiscalía "guarda silencio sepulcral", el alcalde "niega la realidad para proteger a los criminales".
Cuestionamiento al Estado y exigencias
El empresario cuestionó: "¿Para qué sirve un Estado que no protege a sus ciudadanos? ¿Para qué sirve una justicia que ignora las pruebas? ¿Para qué sirven las instituciones que abandonan a las víctimas?". En ese sentido, lanzaron las siguientes exigencias:
- Que la Fiscalía General de la Nación actúe inmediatamente sobre las denuncias, ordene las capturas correspondientes y traslade el caso a Bogotá.
- Que se otorgue esquema de protección urgente para Augusto César Rico, su familia, empleados y testigos.
- Que Booking.com y otras plataformas suspendan las cuentas fraudulentas de Unique Tayrona.
- Que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas, la OEA, MAPP, ACNUR y organismos internacionales intervengan ante la omisión de autoridades y la actuación de paramilitares.
- Que los medios de comunicación mantengan un seguimiento constante para evitar la impunidad.
"Este caso no puede quedar en la impunidad. Si el Estado colombiano no es capaz de proteger a un empresario legal que ha sido víctima de secuestro y extorsión con pruebas contundentes, ¿qué seguridad jurídica puede ofrecer a cualquier ciudadano?", concluye el comunicado. "La verdad debe salir a la luz. La justicia debe actuar. El terror no puede triunfar". Hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional, al sector turístico, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía para que exijan justicia.
Fuente informativa:- Zona Cero
