Solicitan intervención para garantizar servicios públicos eficientes y proteger derechos de usuarios.
Los contralores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar han presentado una acción popular para defender los derechos colectivos. Esta medida busca proteger la moralidad administrativa, el patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso eficiente a los servicios públicos y los derechos de los consumidores. ( Además: Protestas por falta de luz ponen en jaque a Barranquilla )
Solicitud a la Superintendencia
El requerimiento, dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicita al Dr. Dagoberto Quiroga Collazos que adopte medidas para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. La región enfrenta constantes fallas en el servicio y elevados costos de la energía, lo que ha provocado protestas y alteraciones del orden público.
Los contralores denuncian que se están trasladando costos ineficientes a los usuarios y que no se están realizando las inversiones comprometidas para cubrir las pérdidas reconocidas. Además, no se están transfiriendo a los entes territoriales los rendimientos financieros del recaudo del impuesto al servicio de alumbrado público.
Solicitud de intervención y liquidación
El documento oficial solicita la intervención inmediata con fines de liquidación de las empresas Afinia y Air-e SAS ESP, citando las causales de toma de posesión establecidas en la Ley 142 de 1994. Se argumenta que Air-e SAS ESP estaría utilizando fondos destinados al servicio de alumbrado público para financiar la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que evidencia una falta de recursos suficientes para cumplir con sus compromisos.
Esta situación demuestra que Air-e SAS ESP no cuenta con los recursos necesarios para operar como comercializador de energía eléctrica en la Costa Caribe, incumpliendo leyes y actos administrativos, afectando directamente a los usuarios del servicio de alumbrado público.
Asimismo, informan que Afinia no estaría transfiriendo los rendimientos financieros generados por el recaudo del impuesto al servicio de alumbrado público a los entes territoriales. Se ha solicitado verificar que se hayan efectuado las inversiones obligatorias conforme a los planes de reducción de pérdidas no técnicas. Finalmente, se destaca la preocupación por las tarifas excesivamente elevadas de Afinia, que no reflejan la eficiencia económica que debe garantizarse según la Ley 142 de 1994. Además, se ha registrado una noticia preocupante sobre posibles actos de corrupción relacionados con el nombramiento del gerente de Afinia, lo que podría estar contribuyendo a las tarifas elevadas que afectan a millones de hogares en la región.
Fuente informativa:- Cacica Estéreo
