Defensoría del Pueblo y autoridades locales se comprometen a encontrar una solución justa.
La crisis por los asentamientos informales en el predio Sabana 1 de Valledupar sigue generando incertidumbre entre miles de familias. Sin embargo, un rayo de esperanza surgió tras la visita de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien se comprometió a trabajar en conjunto con las autoridades locales para encontrar una solución justa y duradera. ( Además: Las bandas delictivas tienen a ganaderos bajo amenaza constante )
En un encuentro realizado el pasado 27 de agosto, el alcalde Ernesto Orozco Durán, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán y líderes comunitarios de los asentamientos de Sabana 1 se reunieron con la Defensora del Pueblo para abordar la problemática de los desalojos ordenados por la Corte Constitucional.
Durante el encuentro, los habitantes de los barrios Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II expusieron las precarias condiciones en las que viven y solicitaron una solución que garantice sus derechos a una vivienda digna y a servicios básicos.
El compromiso de las autoridades
Tanto la Defensora del Pueblo como el alcalde y la gobernadora se mostraron dispuestos a trabajar de manera conjunta para encontrar una salida a este complejo problema. Iris Marín Ortiz enfatizó el compromiso de la Defensoría de garantizar los derechos de las personas más vulnerables, mientras que el alcalde Orozco aseguró que su administración está dispuesta a brindar todo el apoyo necesario para encontrar una solución.
La gobernadora Sanjuán, por su parte, hizo un llamado a proteger a las mujeres que viven en estos asentamientos, quienes son las más afectadas por las precarias condiciones de vida.
Para tener una visión más clara de la situación, las autoridades realizaron un recorrido por los barrios de Sabana 1, donde pudieron constatar las precarias condiciones de infraestructura, servicios públicos y salubridad en las que viven miles de familias.
La búsqueda de una solución
La Defensora del Pueblo se comprometió a liderar un proceso de diálogo y negociación con todas las partes involucradas, con el objetivo de encontrar una solución que permita regularizar la situación de los asentamientos y garantizar los derechos de los habitantes.
Este es un primer paso importante en la búsqueda de una solución a un problema que ha afectado a miles de familias durante años. Sin embargo, el camino por delante es largo y complejo, y requerirá de la voluntad política de todas las partes involucradas para encontrar una salida duradera.
